Fue una decisión que marcó el periodo entre la elección del primero de julio del año pasado y el cambio formal de gobierno el primero de diciembre de 2018. En octubre, después de una consulta organizada por el equipo del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) –que llevaba un tercio de avance– fue cancelada. La determinación, todavía hoy, genera controversia.

Aún falta para que se vean todos los efectos financieros de la cancelación del NAIM, explicó en entrevista Marco Oviedo, jefe de investigación económica para América Latina y el Caribe de Barclays. Hasta ahora lo más evidente es incertidumbre política, que se suma a otras decisiones que se han tomado en los seis meses de esta administración (y previas a esto). Algunas, por un lado, dan certeza, como el paquete económico. Otras le restan, expuso.

No obstante, luego de los primeros efectos que se supieron tras el 29 de octubre, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente electo, se han encarecido las primas de riesgo que los inversionistas piden al gobierno por su deuda, sin volver a los niveles previos a la cancelación. Siete meses después de que el entonces gobierno electo apostó por dejar la obra, las variaciones no han implicado la recuperación del valor de los títulos de deuda.

Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –dependencia que comandaba el proyecto del NAIM y ahora no es central en ninguno de los grandes proyectos de infraestructura del país– se pronunció al respecto.

Es la decisión más polémica que se ha tomado hasta el momento, manifestó el 28 de febrero frente al gremio aeroviario.

Para ese momento, en el balance de los primeros tres meses de gobierno, Jiménez Espriú recordó que enero comenzó con el desabasto de gasolinas en al menos 12 estados, resultado colateral del combate al robo de combustibles.

También se había aprobado la creación de la Guardia Nacional como parte del esquema de seguridad. Por arriba de ellas, en costo político, el secretario colocó el tema del NAIM.

El costo

Los efectos financieros que hasta ahora hay no se podrían detallar, consideró Oviedo. Pero recalcó que es más evidente otro frente. La decisión cosechó desconfianza entre la iniciativa privada aún antes de empezar el gobierno y golpeó al sector de la construcción.

Y es que, desde que era precandidato de Morena, López Obrador llamó a cancelar la obra –incluso en 2014 se pronunció por Santa Lucía–, mientras Alfonso Romo, su actual jefe de la Oficina de la Presidencia, aseguró a empresarios, días antes de la cancelación, que no se previa frenar la obra.

Ir contra el blindaje financiero de la obra en Texcoco, expresó Jiménez Espriú, implicó la recompra de mil 800 millones de dólares en manos de inversionistas extranjeros y el acuerdo de 34 mil millones de pesos del fideicomiso de infraestructura, en el que se pusieron también parte de los ahorros para el retiro de los trabajadores.

A ello se suma la amortización de la deuda restante en pagos para los próximos 19 años y la cancelación anticipada de 692 contratos, cuyo costo por gastos no recuperables ascendería a 100 mil millones de pesos.

Un frente más es el jurídico. La suspensión de las obras ha sido impugnada por ciudadanos y organizaciones civiles financiadas por grupos empresariales.

Entre la triangulación de recursos legales, el colectivo No más Derroches pregona en 147 y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) ha sido notificado de 37. Lo que se plantea es que la tercera parte de la obra está realizada y en cuatro años tuvo un sobrecosto de casi 147 mil millones de pesos, según datos de la Auditoría Superior de la Federación.

Por el momento el gobierno mexicano está en vías de colocar los cuatro grandes proyectos de infraestructura que tiene pensados para su administración (refinería en Dos Bocas, aeropuerto en Santa Lucía, Tren Maya y corredor del Istmo) y dos de ellos se prevén como asociaciones público-privadas, es decir, requiere a los empresarios para desarrollarlos. Sin embargo, el primer saldo más o menos amplio de la cancelación del NAIM se verá en las cifras de la actividad económica que se publiquen para 2019, apuntó Oviedo.