La minuta de Ley de Austeridad Republicana quedó pendiente para el lunes, ya que ayer senadores de oposición y algunos de Morena frenaron el intento de aprobarla en lo general, como pretendía el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, quien en plena reunión de las dictaminadoras trató de convencer a Ifigenia Martínez para que lo secundara, con el argumento de que era una indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A mí el señor Presidente no me ha dicho nada, le respondió la maestra Martínez, según comentó el priísta Mario Zamora, quien estaba sentado junto a ella y escuchó la petición de Armenta. Éste se levantó de su lugar para hablar también con Félix Salgado y otros senadores de Morena, a los que insistió en la urgencia de aprobar en lo general el dictamen, a fin de que pueda ser discutido y votado en el pleno senatorial en el segundo periodo extraordinario que se reinicia el lunes.

De forma evidente, el senador Armenta insistió ante sus compañeros de Morena en que había una indicación del presidente López Obrador de que el dictamen se aprobara ayer mismo, pero perdió el control de la reunión. La senadora Martínez reiteró que el tema es muy delicado para aprobarlo con prisas y se sumó al reclamo de que se decretara un receso hasta el lunes, entre aplausos de legisladores de PRI, PAN y PRD.

La senadora Martínez votó con la oposición y esto fue definitivo para que no se aprobara ayer mismo la minuta, a pesar de que Armenta insistía en que había ya un acuerdo del 98 por ciento y sólo tres artículos reservados.

Sin embargo, uno de ellos motivó un debate de más de tres horas, ya que la oposición no está de acuerdo en que se establezca en el artículo 25 de esa ley que los servidores públicos no podrán ocupar cargos en la iniciativa privada, sino cinco años después de dejar la administración federal.

Vanessa Rubio, senadora del PRI, hizo notar que de no especificarse que se trata de funcionarios que manejan información privilegiada, se pone en riesgo a 1.4 millones de servidores públicos, los que no podrán practicar su profesión al concluir sus tareas en el sector gubernamental.

Igualmente, el coordinador perredista, Miguel Ángel Mancera, advirtió que tal disposición violenta normas constitucionales, además de que puede caer en una antinomia, al incluir normas que son motivo de otras leyes, como es el caso de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La discusión subió de nivel cuando el morenista Félix Salgado propuso que la prohibición se eleve de cinco a 10 años, como se incluía en la iniciativa original del presidente López Obrador, que fue modificada en la Cámara de Diputados y reducida a la mitad.

Otros morenistas, como Salomón Jara y José Narro, insistieron también en el periodo de 10 años como planteó un día antes López Obrador.

Ante ello, Rubio, su compañera Nuvia Mayorga y la panista Minerva Hernández advirtieron que el compromiso de las autoridades de la Secretaría de la Función Pública, con los que se han reunido, fue que revisarían ese punto y el lunes les darían una respuesta, por lo cual lo mejor era esperar a ese día.

Jara planteó el receso, ante la molestia evidente de Armenta, quien al final debió aceptar que, con el reglamento en la mano, priístas y panistas lograran evitar la aprobación del dictamen.