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La Audiencia española concede la libertad condicional a Ancira
 
Periódico La Jornada
Sábado 29 de junio de 2019, p. 13

Como parte de los beneficios que le otorga en México haber conseguido la protección de la justicia federal, ya que la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita permite enfrentar el juicio en libertad por no ser un delito considerado grave, el juez central de instrucción 1 de la Audiencia Nacional de España, otorgó la libertad bajo fianza al empresario Alonso Ancira.

En la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la decisión de las autoridades españolas en cuanto a la libertad concedida al empresario y que le fijaron una garantía de un millón de euros al accionista principal de la empresa Altos Hornos de México, para garantizar su libertad bajo fianza.

La Audiencia Nacional de España resolvió también que debe comparecer cada dos días ante el juzgado o tribunal que conozca de la causa o en el domicilio que fije, la prohibición de salir del territorio de España, además determinó el retirarle los pasaportes que ostente (México y Estados Unidos) y facilitar un teléfono celular a fin de estar localizado, indicaron las autoridades mexicanas.

“Lo anterior, no significa, de ninguna manera que la persona quede exonerada de los delitos de los que le acusa la Fiscalía General de México. Es muy importante resaltar que el procedimiento de extradición continuará su curso normal y el único efecto de la libertad otorgada consiste en que Alonso N podrá seguir el procedimiento en libertad en tanto cumpla con todos los requisitos establecidos”, dijo la FGR.

Alonso Ancira fue detenido en Mallorca, España, el pasado 28 de mayo, a solicitud del gobierno mexicano, luego de que se congelaran las cuentas del empresario y del ex director de Pemex, Emilio Loyola Austin, por la presunta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al estar relacionados con operaciones financieras surgidas de actos de corrupción durante la compra venta de la empresa Agro Nitrogenados a Pemex, con un sobreprecio de 200 millones de pesos, según la acusación gubernamental.