El Poder Judicial de la Federación –la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Judicatura Federal– maneja en la opacidad 11 fideicomisos y un fondo con un valor de 15 mil 514 millones de pesos. Ese dinero se destina a cubrir partidas que también son incluidas en el presupuesto anual que autoriza el Congreso, generándose una distorsión de gasto para el pago de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados por un total de 3 mil 564 millones de pesos; 28 millones para el mantenimiento de las casas de jueces y magistrados; 71 millones para los apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para jueces y magistrados, entre otros conceptos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el informe de las auditorías practicadas en el primer trimestre de 2018 (el último de la administración de Enrique Peña Nieto), describe el régimen de privilegio en el que se desenvuelve el Poder Judicial. Por tal razón emplaza al Congreso federal a modificar o erradicar los fideicomisos que favorecen a jueces y magistrados, pero sobre todo a los ministros de la Suprema Corte:

Las revisiones más recientes practicadas a los fideicomisos en los que participa el Poder Judicial de la Federación corresponden a los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los ejercicios 2010 y 2014, y en los que se observó que la constitución, operación, administración y extinción se rigen por acuerdos que no se ajustan a los criterios de austeridad y racionalidad que limiten su ejercicio, duración y captación de recursos.

Estos privilegios son señalados por el ente fiscalizador porque permiten el otorgamiento de prestaciones para sus trabajadores superiores, distantes a las del resto de los servidores públicos de la administración pública federal, y por otro lado permite que sólo se utilice un reducido porcentaje del saldo de los fideicomisos.

Por tal razón de inequidad, la ASF sugiere a la Cámara de Diputados que evalúe la pertinencia de emitir una ley general que regule la creación, operación, duración, vigilancia y extinción de los fideicomisos en los que participan los organismos integrantes del Poder Judicial de la Federación.

La segunda acción, también sugerida a la Cámara de Diputados, pretende que en la asignación del presupuesto anual de la SCJN, se considere el monto de los recursos disponibles en sus fideicomisos, ya que muchas erogaciones son efectuadas con cargo a sus propios recursos presupuestales.

En el reporte de los informes trimestrales –refiere la auditoría– se observó que los 11 fideicomisos en los que participan los órganos del Poder Judicial de la Federación mantenían un saldo conjunto de 15 mil 514 millones de pesos, al 31 de diciembre de 2018, y que las erogaciones en ese mismo ejercicio ascendieron a mil 23 millones de pesos, lo que representa que del total de los recursos disponibles en los mismos sólo fue utilizado 6.6 por ciento.

Una de las opacidades citadas en el informe refiere que el Consejo de la Judicatura no reportó de forma detallada el destino de los recursos de los fideicomisos en los que participa como fideicomitente, ya que en ellos sólo se menciona que el destino de los fideicomisos corresponde a su denominación, circunstancia que no permite –a quien los consulte– identificar claramente el desglose y destino de las erogaciones.