Mexicali, BC. El gobernador de Baja California, el panista Francisco Vega de Lamadrid, se comprometió a no publicar en el Periódico Oficial del Estado la reforma constitucional aprobada la noche del lunes por el Congreso local para aumentar a cinco años la gubernatura, porque, dijo, atenderá la voluntad de los ciudadanos, que votaron por un periodo de sólo dos años.

El llamado coloquialmente veto de bolsillo, que aplicaría la administración estatal, funciona sólo por 10 días; después el Poder Legislativo puede ordenar de manera directa la publicación para que la enmienda constitucional entre en vigor al día siguiente.

Este martes, el cabildo de Ensenada, de gobierno priísta, avaló la reforma. Más tarde, Mexicali, gobernado por el Partido Acción Nacional, votó en contra. Los otros tres municipios del estado son Tijuana y Rosarito (PAN) y Tecate (PRI). Para que proceda su publicación y vigencia, la enmienda necesita ser refrendada por al menos tres ayuntamientos.

En tanto, Jaime Martínez Veloz, ex candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura, recordó que en junio pasado el priísta Benjamín Gómez, presidente del Congreso local, publicó un tuit en el que denunciaba que el administrador de la aduana de Mexicali, Alejandro Viramontes, le propuso convocar a una sesión extraordinaria para dar marcha atrás al periodo de gobierno de dos años a cambio de un millón de dólares.

Un millón de dólares por diputado para ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años, denunció el presidente del Congreso de Baja California, quien sucumbió ante la atractiva y corrupta oferta y terminó votando en favor de la ampliación del periodo gubernamental, señaló el ex comisionado para el Diálogo con Pueblos Indígenas.

Los diputados que endeudaron a Baja California por más de 80 mil millones de pesos con diversos contratos de asociaciones público-privadas son los mismos que nos dicen que para ahorrar dinero hay que cancelar la elección de 2021 y ampliar el periodo de gobierno a cinco años, advirtió Martínez Veloz.

▲ El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid (izquierda), y el mandatario electo, Jaime Bonilla, de Morena, se reunieron el pasado 26 de junio después de los comicios del 2 de junio, en el Centro de Gobierno en Tijuana.Foto Lindero Norte

Dijo que la decisión es anticonstitucional, inmoral y absurda y que sólo busca consolidar las ambiciones y el saqueo de nuestros recursos naturales a través de acciones diseñadas estratégicamente por el gobernador electo, Jaime Bonilla.

Óscar Vega Marín, ex candidato del PAN al gobierno estatal, calificó de traición a Baja California la decisión del Congreso y pidió la expulsión de los 10 diputados de Acción Nacional que apoyaron la propuesta morenista.

El dirigente estatal del PAN, José Luis Ovando Patrón, anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una acción de inconstitucionalidad por violentar a todas luces nuestra Constitución y los derechos de los bajacalifornianos.

Ovando Padrón reveló que se instruyó a los 12 diputados panistas que no se presentaran a la sesión extraordinaria para evitar la mayoría calificada que permitiría aprobar la reforma constitucional. Sólo dos acataron la medida, uno votó en contra y nueve lo hicieron a favor de la propuesta de Morena.

Las críticas de los panistas también estuvieron dirigidas contra los cinco legisladores priístas, tres de Morena y los del PRD, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Transformemos (uno en cada caso), que avalaron la iniciativa presentada por el morenista Víctor Manuel Morán. El legislador del Partido Baja California no acudió a la sesión.

El ex comisionado del Sistema Nacional de Seguridad aseguró que Jaime Bonilla continúa corrompiendo a las instituciones en Baja California y logró que la mayoría de los diputados locales ampliaran ilegalmente su periodo gubernamental en contra de la voluntad de los ciudadanos.