Al ponerse en marcha las mesas de información, cientos de elementos de la Policía Federal solicitaron su cambio de adscripción a otras instituciones federales, mientras los agentes inconformes con su transferencia a la Guardia Nacional volvieron a demandar un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y señalaron que su postura es que se les paguen liquidaciones e indemnización.

Al cumplirse una semana de protestas, un juez federal concedió una suspensión provisional que impide que a 800 agentes se les modifiquen sus derechos laborales.

En el Centro de Mando en Iztapalapa decenas de policías analizaron con dos de sus dirigentes qué acciones seguirían para obtener respuesta favorable a sus demandas de liquidación y pago de indemnización; ante la escasa respuesta a su convocatoria decidieron cerrar los accesos vehiculares para que ningún mando de la corporación pudiera trasladar a los agentes que ya habían aceptado ser transferidos a otras divisiones de la Policía Federal o bien incorporarse a otras instituciones.

En tanto, el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa otorgó suspensión provisional a elementos de la Policía Federal inconformes con la transferencia a la Guardia Nacional, que impide se modifiquen sus derechos laborales, mientras se resuelve si es constitucional el acuerdo que establece la integración del nuevo cuerpo de seguridad pública.

La suspensión no evita que los agentes se integren a las filas de la Guardia Nacional, pero impide cualquier alteración en el pago de sus percepciones, incluidas las cuotas y el llamado bono de operatividad.

El recurso se presentó el pasado fin de semana ante los juzgados de distrito en materia administrativa para que los inconformes no sean afectados en sus derechos laborales y no dejen de pagarles si deciden incorporarse a la guardia. El juez fijó el seis de agosto para que se realice la audiencia constitucional y decida si concede la suspensión definitiva.

Reconocen 8 mil a Carpizo como representante

Los representantes del grupo de inconformes con la transferencia a la Guardia Nacional señalaron que ya suman 8 mil agentes los que han firmado el documento que les poporcionó el abogado Enrique Carpizo –sobrino del ex rector de la UNAM, Jorge Carpizo–, en el que lo reconocen como su representante legal. El mismo número de personas es el que estaría por la exigencia de que se les pague una liquidación e indemnización.

Asimismo, centenares de elementos acudieron a las mesas de información y reclutamiento que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana instaló para que los integrantes de la Policía Federal decidan a qué instituciones cambiar su plaza laboral, entre ellas: la División de Investigación de la Policía Federal, la Unidad de Medidas Cautelares (que se encarga de vigilar detenidos o personas sujetas a proceso), el Sistema Penitenciario Federal, el Sistema Nacional de Protección Civil, la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (fue la más solicitada) y el Servicio de Protección Federal.