Por unanimidad, los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon infundados los recursos promovidos por el Ejecutivo federal contra la admisión de más de 20 controversias constitucionales que presentaron varios municipios del país y el gobierno de Chihuahua contra las modificaciones al Fondo Minero.

La sala consideró correcta la admisión de dichas controversias tramitadas en febrero pasado por municipios Sonora, San Luis Potosí y Chihuahua, así como por el gobierno estatal de esta última entidad, por lo que se continuará con su trámite y resolución final en el máximo tribunal.

Los promoventes reclaman las modificaciones a las reglas y aplicación del Fondo para el Desarrollo Sustentable para Estados y Municipios Mineros –mediante las cuales se transferirán más de 3 mil 600 millones de pesos– que establecen que ahora corresponderá a la Secretaría de Economía (SE) la aplicación de esos recursos y ya no a los estados, municipios y empresas.

El proyecto para declarar infundados los alegatos del Ejecutivo federal estuvo bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Ahora, el asunto tendrá que ser analizado por otro ministro para revisar a fondo las controversias y determinar si los municipios y el gobierno de Chihuahua llevan la razón en sus argumentos.

En marzo pasado, al presentar sus controversias para reclamar ante la SCJN el asunto, los gobiernos municipales y el de Chiahuahua consideraron como un agandalle dichas modificaciones.

La intención del Ejecutivo federal es que la SE administre de forma directa y sin intermediarios el Fondo Minero, esto para que llegue directamente a quien tiene que llegar, declaró el 11 de febrero pasado el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga Fernández.

Hasta el sexenio pasado las obras que se llevaban a cabo con recursos de ese fondo se decidían en un comité con representación de los tres niveles de gobierno y las empresas.