En México se requiere una ley de aguas ciudadana que emane del consenso y que contribuya a resolver problemas como la contaminación aguda de los acuíferos, la mayor demanda del líquido para consumo humano y la producción alimentaria, así como la falta de infraestructura y tecnología para dicho recurso.

En la primera jornada del Foro Universitario para la construcción de una Ley de Aguas Nacionales, Bernardo López Ariza, rector interino de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), advirtió sobre el desarrollo de conflictos sociales por la falta del recurso.

Al dar la bienvenida a investigadores, presidentes municipales y organizaciones vinculadas al tema hídrico, López Ariza, indicó que la academia junto con la sociedad en general están, obligadas a contar con una iniciativa de ley que garantice el aprovechamiento sustentable del agua.

En conferencia magistral, Rosario Angulo Álvarez, del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, informó que del reparto de agua en el país 76 por ciento es para uso agrícola; 4.7 por ciento, para energía eléctrica; 14.4 por ciento, para abastecimiento público, y 4.9 por ciento es para la industria.

Asimismo, advirtió que 74 por ciento de las presas de almacenamiento que abastecen a los distritos de riego tienen una edad de más de 50 años, por lo que están llegando al final de su vida útil.

Además, dio a conocer que la inversión en la infraestructura hídrica ha caído 58 por ciento de 2014 a la fecha. Ello podría llevar a un deterioro de la infraestructura, incremento en las pérdidas de agua, deficiencia en la entrega del líquido. Dificultades de acceso a zonas rural y limitar el desarrollo de nuevas áreas de riego y drenaje.

Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, aseguró que con la realización de este tipo de foros se busca llegar a una ley que venga del pueblo y no una emanada de la comisión, del Congreso o por indicación del Poder Ejecutivo y además hay que dejar en claro que no existe ningún interés por privatizar el agua.