Con empresas que llegaban a cambiar de nombre cada año y que no cumplían con el pago de impuestos ni de cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ProMéxico contrató por tercerización (outsourcing) a 196 trabajadores durante el sexenio pasado, que representaban 36 por ciento de todo el personal, muchos de ellos profesionistas despedidos por la misma dependencia durante los recortes presupuestales de 2014 y 2016, de acuerdo con ex empleados afectados.

En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aseveró que ProMéxico no evaluó la capacidad financiera de las empresas que contrató entre 2015 y 2017 para la prestación de servicios de personal en la modalidad de tercerización y tampoco cumplió con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que dicho personal no podía realizar tareas iguales o similares al resto de sus trabajadores.

En los pasados cinco años ProMéxico adjudicó la contratación de personal outsourcing al grupo integrado por Soluciones Inteligentes con Talento Humano (Sitah) y las empresas Negocios Universal TD2, Soluciones Corporativas Integrales (Scoi), Negocios Optimus Jumace y Ovalo CP, ofertando porcentajes de comisión menores a los de sus competidores, lo que podría denotar prácticas monopólicas, aseveró la ASF en el informe de resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2018 que concluyó el mes pasado.

Moisés Carreón, economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que trabajó en ProMéxico entre 2015 y 2018, pero fue contratado por una empresa con nombre distinto cada año, entre ellas Sitah, TD2 y Negocios Optimus Jumace, aunque el domicilio fiscal siempre fue el mismo. Junto con cerca de 40 personas y salario mensual neto de 15 mil pesos, “que para nada era fifí”, Carreón laboró en la Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresario de ProMéxico, pero dijo que el personal contratado por tercerización estaba distribuido en distintas áreas del organismo, desde finanzas hasta el call center.

Las cinco empresas mencionadas reportaron en sus declaraciones anuales ante las autoridades fiscales pérdidas entre 2015 y 2017 que van de 19 millones 150 mil pesos a mil 43 millones 325 mil, por lo que se presume el uso de estrategias fiscales para la amortización de pérdidas y así cometer ilícitos fiscales, aseveró la ASF.

Negocios Universales y Sitah no realizaron los enteros de cuotas obrero-patronales mensuales del IMSS por riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, por 4 millones 576.8 mil pesos.