a colonia vive en la mente mexicana. Por siglos, políticos y clérigos educaron a indígenas y ciudadanos en la enseñanza básica: el poder no está en el pueblo.

El triunfo histórico priista no se entiende sin las dádivas a la población: servicios subvencionados, institutos asistencialistas: lo gratuito como un derecho, pero administrado por el estado. El esquema se repitió en el panismo y hoy es evidente. La obligación del estado es dar a los pobres (como animalitos), no ayudarlos a salir del subdesarrollo. El conflicto entre ejecutivo y legislativo contra el poder judicial es para el ciudadano más de lo mismo: son luchas entre entidades del estado. Entiende el pueblo que los dueños del poder se lo disputan de nuevos modos.

Los contrapesos políticos han sido anulados por su propia ineficacia. La estructura esencial de los partidos políticos se ha perdido: no hay pluralidad real. Los medios de comunicación, aquel lejano cuarto poder, no es la voz ciudadana.

En otros tiempos se hicieron las guardias ciudadanas. Y así les fue. Hoy, ante las promesas de campaña que se intentan cumplir sin importar la legalidad de las vías, algunos ciudadanos buscan caminos para oponerse.

Las marchas han perdido eficacia por la facilidad de infiltrarlas o provocarlas al error. La avalancha mediática permite la expresión, pero la velocidad de información diluye cualquier queja legítima. Las comisiones de derechos humanos apenas son un frente con herramientas legales para imponerse. Un camino en apariencia eficaz son los amparos.

La vía judicial está permitida por la ley. La actuación de los jueces federales es revisable por magistrados, ministros y consejeros judiciales. La definición de los conflictos puede tardar meses o años, depende el planteamiento legal, pero una suspensión de amparo es eficaz. Falta que sea obedecida.

Además de explicar los ataques de los poderes ejecutivo y legislativo al judicial, estos amparos son, también, muestra de que, en un porcentaje menor, hay ciudadanos que buscan recuperar el poder. En el vecino del norte, ahora virtual director de la política migratoria mexicana, no hay tal confusión. Los ciudadanos parten de la premisa de ser los dueños del poder, puedan o no ejercerlo. Los políticos parten del supuesto de obedecer a un pueblo del que son empleados, no dueños condescendientes.

La aplanadora política que inició este sexenio llevará a la ciudadanía a plantearse la necesidad de recuperar ese poder rector de la política a otros niveles que los evidenciados con los amparos promovidos.

La historia mexicana ha demostrado ser pendular. Hoy que los contrapesos políticos son nimios, los ciudadanos tienen la responsabilidad de balancear la actuación de las autoridades: de recuperar el poder. A menos que estén ciertos de vivir en esa colonia conceptual, donde sólo quedaba observar los cambios en los entes políticos, con nuevos rostros, pero con la posibilidad inamovible de decidir la vida de todos. La vía judicial está permitida y es la idónea para que, quienes conocen mejor el juicio amparo, se impongan. Puede ser la vía ciudadana para tener el poder de decidir.