Entre 2007 y 2014 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó 288 empresas presuntamente relacionadas con el cártel de Sinaloa y Joaquín El Chapo Guzmán Loera, establecidas en Colombia, Uruguay, México, Guatemala y Honduras, y estimó que la fortuna del capo asciende a 14 mil millones de dólares.

Los acuerdos internacionales firmados entre México y Estados Unidos establecen una repartición equitativa del dinero que se recupere, pero para ello la Fiscalía General de la República deberá establecer y obtener por la vía judicial el decomiso de los bienes que se atribuyen a esta organización delictiva, señaló Jorge Alberto Lara Rivera, ex subprocurador jurídico de la desaparecida Procuraduría General de la República.

El también diputado federal indicó que entre 2013 y 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reconoció que solamente había incautado a dicho cártel 5 millones 376 mil dólares.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dio a conocer en febrero de 2014 una lista de empresas, personas y actividades de diversos integrantes del cártel de Sinaloa, entre los que se incluye a Ismael El Mayo Zambada, Juan José Esparragoza Moreno y Rafael Caro Quintero, además de familiares y socios de estos narcotraficantes que operan tanto en México como en otras naciones.

En la lista, con base en la cual se considera que la fortuna de la organización que dirigía El Chapo Guzmán ascendería a unos 14 mil millones de dólares, se refiere que las células de este grupo constituyeron empresas para lavar dinero a través de gasolineras, firmas inmobiliarias y turísticas, constructoras, concesionarias de vehículos, restaurantes, transportadoras y comercializadoras de diversos artículos e incluso una compañía dedicada a la metalurgia extractiva en Colombia.

En ese contexto, Lara Rivera señaló que para seguir con el decomiso de bienes se deben identificar los activos, ya que los recursos no están directamente a nombre de Joaquín Guzmán Loera, pues fueron dispuestos en esquemas de lavado de dinero, con operadores financieros, con prestanombres, con transferencias y triangulaciones a empresas fantasmas, tanto en México como en muchos otros lugares del mundo.