La Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de Jaime Martínez Veloz y Ángel Ávila, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a solicitar que investigue la comisión de delitos en que hayan incurrido los diputados locales de Baja California al haber aprobado la ampliación de mandato del gobernador electo de esa entidad, Jaime Bonilla.

También solicitaron al Ministerio Público Federal que indague a Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación, y al administrador de la Aduana de Mexicali, Alejandro Miramontes Armenta, por su presunto ofrecimiento de un millón de dólares para que el presidente del Congreso bajacaliforniano, Édgar Benjamín Gómez Macías, impulsara entre los legisladores locales la aprobación de la reforma que ampliaría el mandato de dos a cinco años.

Martínez Veloz mencionó en su denuncia que Gómez Macías responsabilizó a Alejandro Miramontes y Ricardo Peralta Saucedo por lo que pueda sucederle a él y a su familia, luego de haber hecho público que ambos funcionarios realizaron acciones para impulsar la reforma que amplía el mandato de Jaime Bonilla.

La querella fue presentada en contra de quien resulte responsable por la presunta comisión del delito de cohecho.