n lo que va de 2019 ingresaron a las escuelas en Estados Unidos más de 86 mil niños considerados como ilegales, aunque muchos tienen en trámite procesos de refugio. Para el año escolar de 2020 se estima que se inscribirán en las escuelas otros 220 mil niños, en su gran mayoría centroamericanos e hispanohablantes.

Por su parte, se reconoce que 2 mil 737 niños, fueron separados de sus padres y no se conoce con precisión dónde o con quiénes están. A estos se añaden, mil más, que fueron separados de su padres en 2017 y que están colocados con familias sustitutas.

El INAMI informa que en lo que va de este año se rescataron en México a más de 10 mil niños y niñas no acompañados. Otros tantos enrumbaron junto a sus padres hacia el norte, en busca de refugio.

Las estadísticas nacionales de 2000, 2010 y 2015 reportan que 435 mil niños y jóvenes nacidos en Estados Unidos ingresaron al país, con sus padres. No obstante, son cerca de 800 mil los que se integraron al sistema educativo mexicano en todos sus niveles.

De golpe, las estadísticas dan cuenta de un cambio radical en el patrón migratorio. El ojo del huracán es la migración infantil, juvenil, familiar y de refugio.

Los menores de edad y las familias que solicitan refugio, por definición, no pueden considerarse como ilegales. Aunque, se argumenta que cerca de un millón de solicitantes de refugio, incluyendo niños y familias, no completaron sus trámites o les fue denegado el asilo.

Y uno se pregunta ¿dónde quedó la migración laboral? ¿Dónde están los millones de ilegales que Trump había prometido deportar?

¡Trabajando!

La economía de Estados Unidos crece y crece y tiene los menores índices de desempleo de hace décadas. Y esto incluye a los migrantes irregulares, que aportan con su trabajo y sus impuestos a la economía del imperio.

Por el contrario, la migración infantil, juvenil y familiar, tiene costos, que ya empiezan a ser cuantificados. Se estima en varios miles de dólares el costo anual por menor que asiste a una escuela pública. Además hay que incluir acceso a la salud y a los programas sociales.

A diferencia de lo que ocurre en Canadá y Alemania, en Estados Unidos no se prohíbe a los solicitantes de refugio buscar empleo. De hecho, la mayoría de los mayores de edad encuentran fácilmente trabajo. Por eso afirman que es una migración económica, laboral, disfrazada de refugio.

Pero las discusiones van más allá. Algunos analistas opinan que los costos del refugio los deben solventar los mismos solicitantes, que además de sus impuestos, deberían pagar por tener acceso a una visa de trabajo. Se calcula que comprar una visa, costaría unos 6 mil dólares, algo semejante a lo que algunos pagan a los traficantes.

Pero todas estas especulaciones ya no tienen sentido. El refugio ha colapsado. Se cierra la puerta y por decreto se establece el programa de tercer país seguro. Es una medida unilateral, prevista en la legislación de Estados Unidos, que se llama Interin fine rule, una medida excepcional y temporal, dado que supuestamente el Congreso no puede solucionar el problema y el Ejecutivo tiene el poder para aplicarla.

Todo aquel migrante que cruza por otro país para llegar a Estados Unidos, debe pedir refugio en la primera nación de tránsito. Supuestamente, los hondureños y salvadoreños tendrían que pedir refugio en Guatemala y los guatemaltecos en México.

De eso trataba la reunión entre Jimmy Morales, presidente de Guatemala, y el presidente Trump. Tenían preparado un acuerdo bilateral de tercer país seguro. Algo que también tenían preparado en el caso de México, pero nos dieron 45 días de plazo, que se cumplen mañana.

Los migrantes han quedado entre la espada y la pared, al igual que México que ya firmó el acuerdo de Quédate en México, para recibir centroamericanos que están en trámite de refugio. No hay solución sin graves consecuencias y pérdidas colaterales.

Sobre la migración infantil, juvenil y familiar ya no está claro si es mejor el remedio o la enfermedad. El sueño americano se convirtió en pesadilla. El lema trumpista de send her back en contra de las congresistas de color, va a resonar en todos los pasillos de las escuelas contra los migrantes de color.

Habrá que repensar todo aquello del paso libre y pueblos sin fronteras. Hoy por hoy, no se puede promover o apoyar la migración, tampoco fomentar y organizar caravanas. Los riesgos y costos, especialmente para niños y jóvenes son inconmensurables y de largo plazo.

La solidaridad de los mexicanos y las asociaciones civiles y religiosas con los migrantes en tránsito debe reconvertirse en promotores y facilitadores de los que retornan y solicitan refugio, especialmente de niños y jóvenes no acompañados.

Se dice fácil desde un escritorio. Pero es una tarea inmensa y compleja replantear el refugio en México, restructurar nuestra política migratoria, adecuar la infraestructura de acogida y promover la empatía y la solidaridad.