arlos Romero Deschamps es una pieza muy apetecible para el desolado armario obradorista del ejercicio de la justicia contra saqueadores del pasado que presuntamente va quedando atrás. El dirigente sindical de los petroleros es indefendible en términos de opinión pública, es un acompañante relativamente menor del cuadro de grandes ladrones de México que siguen impunes y creen que lo seguirán siendo (entre ellos, algunos ex ocupantes de la silla presidencial, en especial el más reciente) y puede saciar la ansiedad popular que demanda muestras de buen nivel en la hasta ahora inexistente pesca judicial de peces gordos de la corrupción.

Además, y eso no es un dato menor, el amago de aprehenderlo y sujetarlo a proceso judicial se produce cuando faltan ocho días para que termine el plazo oficial de firma del nuevo contrato colectivo de trabajo de los petroleros. El Presidente de la República ha advertido que se sujetará ese contrato a los lineamientos de la austeridad sexenal y es de suponerse que un dirigente sindical prófugo, o encarcelado, poca capacidad de resistencia tendría frente a los muy necesarios ajustes a los desproporcionados privilegios contractuales de ese gremio.

A Romero Deschamps ya le han rozado los dardos justicieros del obradorismo. Comía con el litigante Juan Collado cuando éste fue detenido por agentes federales. Según un relato publicado en el portal Sin Embargo, que dirige Alejandro Páez Varela, el dirigente sindical se habría tirado al piso a la hora de la detención del penalista, al suponer que la orden de aprehensión también le alcanzaría a él.

Ahora, las denuncias interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto Castillo, alcanzan a seis familiares del mencionado Romero Deschamps. Por justicia, pero también por necesidad política, el obradorismo debe colocar tras las rejas cuando menos a uno de los más delineados exponentes de la irritante impunidad de los grandes corruptos. No sólo mientras se firma un contrato laboral petrolero adelgazado sino, además, como una urgente concesión de justicia al ánimo popular repleto de narrativas gubernamentales sobre robos a la nación sin responsables en prisión. Y, claro, la devolución de bienes malhabidos a las arcas de la nación. Cierto es que ayer un juzgado federal suspendió con temporalidad indefinida el cumplimiento de órdenes de presentación o aprehensión del mencionado Romero Deschamps, pero esas fases judiciales superables pronto dejarán de nueva cuenta el camino expedito para ir, cuando menos, contra uno de los ensoberbecidos rapiñadores de nuestro país.

Porfirio Muñoz Ledo cumplió ayer 86 años de edad y aprovechó la oportunidad para insistir en las críticas al manejo presidencial del tema migratorio ante las presiones de Donald Trump. Ha sido peculiar la insistencia del pluripartidista político multicargos en el señalamiento de los errores jurídicos, políticos y procesales en el tema. Esa postura crítica coincide con su pretensión de ser electo por un año más en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Podría llamarse ahora censurado o desplazado si es que no lo confirman en el cargo, entre otras causas, porque hay normas y acuerdos que establecen que el segundo partido en votación (en el caso, Acción Nacional) debe ocupar en esta ocasión dicha presidencia. Pero Muñoz Ledo insiste en que él está a lo que la patria me reclame, yo estoy a disposición de la patria.

También habló Muñoz Ledo de listas de sobornos a periodistas que habría eliminado al presidir la mesa directiva mencionada. Un centenar de periodistas y columnistas estaría en esa relación de chayos. Ojalá se anime el sagaz político a dar a conocer esa nómina, a detalle y con toda amplitud, para que el anuncio sonoro no quede nada más en el aire. De otra manera, se sumará a las imprecisiones declarativas sobre el tema.

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