Ante las críticas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo sobre las medidas migratorias y de asilo que han implementado Estados Unidos y México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) defendió las políticas en la materia y afirmó que el gobierno federal está comprometido con la dignidad y los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.

La oficina a cargo del canciller Marcelo Ebrard reprochó que en su pronunciamiento la CIDH no hizo pública su preocupación o condena a las redes internacionales de tráfico de personas, las cuales, afirmó realizan un negocio multimillonario a expensas de la seguridad e integridad de personas migrantes.

Señaló que la migración regional es un fenómeno que debe atenderse de manera compartida y coordinada, mediante la promoción de oportunidades y el desarrollo en las comunidades de origen.

Afirmó que el gobierno mexicano promueve un esfuerzo inédito para impulsar el desarrollo regional e insistió en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. México se desempeña responsablemente y de manera alineada con el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Sostuvo que el proceder del Instituto Nacional de Migración (INM) y la labor de la Guardia Nacional (GN) se conducen con apego a la normatividad vigente. La actuación de sus elementos se realiza bajo protocolos de protección a los derechos humanos y con el cercano acompañamiento de organismos internacionales.

En un comunicado, la SRE aseveró que México mantiene su tradición de acogida a migrantes e informó que durante el primer semestre de este año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha recibido más de 31 mil solicitudes de condición de refugiado, más del triple de las que se presentaron en el mismo periodo del año anterior.

Insistió en que por razones humanitarias aceptó recibir a solicitantes de asilo retornadas por Estados Unidos en espera de la conclusión de sus procesos y afirmó que fue una determinación soberana.

México no coincide con las medidas que limitan el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad en sus países de origen por motivos de persecución, añadió.

En relación con las modificaciones recientes de las autoridades estadunidenses a sus procedimientos y criterios de elegibilidad en materia de asilo, México se mantendrá atento a las implicaciones.

En cuanto a la muerte de los salvadoreños Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija, Valeria, de 23 meses de edad, quienes el pasado 24 de junio se ahogaron cuando intentaban cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos, la SRE aseveró que ambos contaban con visas por razones humanitarias expedidas por México.

La cancillería reconoció que la capacidad de las autoridades mexicanas para atender a las personas en situación de movilidad, en particular los niños, está rebasada. Agregó que recientemente se aprobó un proyecto de cooperación por 60 millones de pesos con los que se apoyará la rehabilitación de estaciones migratorias y albergues familiares.

Con todas estas políticas públicas y con su liderazgo internacional, México demuestra su compromiso por una migración ordenada, legal, segura y con respeto a los derechos humanos y su compromiso, en los hechos, para hacer de la migración internacional una opción y no una necesidad, reiteró la cancillería.