San Juan. Un comité legal concluyó ayer en un informe que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, incurrió en cinco delitos que abren la puerta a un juicio político tras casi dos semanas de protestas multitudinarias para exigir su renuncia por el llamado chatgate. El mandatario, en consecuencia, prometió renunciar a las 5 de la tarde (hora local)del miércoles, pero al cierre de esta edición, no se había pronunciado ni presentado la dimisión.

Rosselló llegó a un acuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, a quien prometió su renuncia para detener el proceso de juicio político en su contra, informó el portavoz de la mayoría en el cuerpo legislativo, Gabriel Rodríguez Aguiló, a la cadena CNN y al diario puertorriqueño El Nuevo Día.

El gobernante prometió dirigir un mensaje al país, pero sin precisar la hora. Pasadas las 10 de la noche locales, Rosselló no había dado tal mensaje ni renunciado a su cargo.

Manifestantes junto a periodistas esperaron en La Fortaleza, sede de gobierno, tras ser convocados a una rueda de prensa para la comparecencia y posible renuncia de Rosselló.

Horas antes, Luis Rodríguez-Rivera, uno de los tres juristas que integran el comité especial a cargo del análisis, detalló a El Nuevo Día que Rosselló incurrió en tres posibles delitos que violan el Código Penal, así como la ley de ética gubernamental.

Dichos delitos son malversación de fondos públicos, negligencia en el cumplimiento de su deber y aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios públicos, por lo que recomendó al Senado proceder con el juicio de gobierno, indicó el abogado Enrique Colón Santana.

Con la evidencia que examinamos concluimos que, efectivamente, nuestra recomendación al cuerpo que le corresponde es que se proceda con el juicio de gobierno, que es la presentación de un documento de acusación para que continúen los procedimientos en la cámara que corresponde, que es el Senado, explicó Colón.

El comité evaluó el contenido publicado a principios de julio en el chat grupal de Telegram, revelado por el Centro de Periodismo Investigativo, en el que Rosselló y 11 miembros de su círculo planeaban operaciones para manipulación de la opinión pública, conversación en la que intercalaban bromas y comentarios en los que se calumnia a funcionarios, políticos y periodistas, y se expresa un lenguaje denigrante hacia mujeres, obesos y homosexuales.

En ese chat uno de sus colaboradores hizo burla de las víctimas del huracán María, el peor que ha afectado la isla en un siglo y que en 2017 arrasó con parte de Puerto Rico con saldo de casi 3 mil muertos.

La función del comité consistió en evaluar el chat y estudiar posibles pruebas de la comisión de delito por parte de Rosselló que durante casi dos semanas han provocado protestas multitudinarias para exigir la renuncia del gobernador.

El enojo ciudadano comenzó por el escándalo del chatgate, aunque a éste se suma que el 10 de julio la fiscalía ordenó el arresto de seis funcionarios acusados de malversación de más de 15 millones de dólares de fondos federales para la recuperación tras el paso de María.

El domingo pasado, Rosselló renunció a la jefatura de su partido y dijo que no buscaría la relección en 2020 –intención que había anunciado en marzo–, pero sus críticos lo consideraron insuficiente.

Según la línea de sucesión del gobierno de la isla, en caso de que renuncie Rosselló, sería remplazado por Wanda Vázquez, secretaria de Justicia desde enero de 2017.

Vázquez es integrante del Partido Nuevo Progresista y fue nombrada por Rosselló. Trabajó como abogada especializada en violencia doméstica y sexual, antes de su nombramiento para el puesto más alto del Departamento de Justicia de Puerto Rico. En 2010 fue designada para dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.