Entre el 8 y el 23 de julio la mitad de los días se rebasaron 100 puntos Imeca de ozono, y las autoridades ambientales no decretaron contingencia, como ordenó el juez cuarto de distrito en materia administrativa, a partir de un amparo que concedió a Greenpeace.

Esta organización informó que si bien el resolutivo del juez señala que podrán no decretar las contingencias, esto es siempre y cuando se justifique caso por caso públicamente el por qué y se tomen medidas alternativas para garantizar la protección de la población. Esto no ha sucedido.

Pablo Ramírez, responsable de calidad del aire de Greenpeace, señaló que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) decidió priorizar los intereses económicos, lo cual habla de una grave displicencia de las autoridades por el cuidado de la salud. Las normas ambientales, explicó, tienen como objetivo establecer el límite máximo permisible de cada contaminante en el aire para garantizar la salud de la población.

Tanto la Came como el gobierno de la Ciudad de México publicaron las implicaciones económicas del cambio en los índices para decretar contingencia, pero no presentaron el análisis sobre la salud. Greenpeace presentó una apelación a la modificación que se hizo en la suspensión definitiva, que permite a la autoridad no actuar con respecto a los límites que establece la norma.

Luis Miguel Cano, asesor legal, precisó que esto se debe a la omisión en cuanto a lo establecido por el juez, porque en la suspensión se aclara que la justificación tendrá que hacerse caso por caso, no una sola vez. Todos los estados que forman la Came deben presentar un informe sobre la omisión del establecimiento de protocolos de contingencia, consideran. Hasta ahora, sólo Querétaro lo ha hecho, reconoce que no los tiene y los hará.