El sector privado insistió en que preocupan las decisiones tomadas por el gobierno federal, porque no generan la confianza suficiente para incrementar las inversiones e inciden en la reducción de los pronósticos sobre el crecimiento económico del país para este año.

Hay presiones a las finanzas públicas y crece la necesidad de recursos adicionales para los programas sociales, además de contracción del mercado interno y falta de certidumbre jurídica, enlistó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) en su análisis semanal.

No obstante, se congratuló del reciente acuerdo del sector privado con el Ejecutivo federal para invertir en petroquímica, que calificó de buena señal, pero remarcó que lo ideal es aclarar la participación de las empresas en exploración y explotación del petróleo para recuperar los niveles de producción y reservas de crudo de manera sostenible, aumentar la extracción y oferta de gas natural y competir en proyectos de generación de electricidad.

La cantidad y calidad de recursos que pueden aportar los inversionistas privados al sector energético generaría casi de inmediato una derrama que, sin duda, daría impulso significativo a la actividad económica en el corto plazo, más aún en zonas con situación delicada, como el sur y sureste, apuntó.

El Ceesp sostuvo que el constante ajuste a la baja de los pronósticos de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para este año y el siguiente no sólo confirman la desaceleración en el avance de la actividad productiva del país, sino también la preocupación por las decisiones económicas y políticas del nuevo gobierno, y por la percepción de un entorno de inseguridad para la inversión, corrupción, ausencia de estado de derecho y falta de claridad en las reglas del juego.

Destacó que el ajuste a la baja del Fondo Monetario Internacional, que ubicó el crecimiento para México en 0.9 por ciento este año, así como el de Citibanamex, que lo dejó en 0.2 por ciento, además de eventos que no considera acertados, como el arbitraje internacional solicitado por la Comisión Federal de Electricidad para modificar cláusulas de siete contratos para la construcción de gasoductos, la Ley de Austeridad Republicana y el plan de trabajo de Pemex tienen en común generar presiones sobre las finanzas públicas y limitar más la oportunidad de elevar la inversión productiva.