Además del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, las autoridades de justicia federales deberán investigar a otros funcionarios y ex funcionarios públicos presuntamente involucrados en irregularidades, omisiones, delitos y violaciones a derechos humanos durante las pesquisas del caso Ayotzinapa.

Hace unos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 235 servidores y ex servidores públicos –federales y estatales– que participaron en las indagatorias por los crímenes contra los normalistas cometidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Si bien el organismo nacional está impedido de proporcionar los nombres de los denunciados, fuentes vinculadas al caso señalan que entre ello están Bernardo Muñoz Cano, ex funcionario de alto nivel de la PGR, y Abraham Eslava Arvizu, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Otro señalado es el ex coordinador regional en Guerrero de la Policía Federal (PF), Omar García Harfuch, quien a la salida de Zerón de Lucio de la AIC fue nombrado para esa instancia. Hace unos días fue designado jefe de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y coordinador de Inteligencia en el gabinete de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Uno más es el ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez Pérez.

Los nombres de ambos aparecieron en una libreta de contactos, que de acuerdo con las autoridades pertenecía a Sidronio Casarrubias Salgado, ex líder de Guerreros Unidos, organización criminal a la que se señala como responsable de los crímenes contra los normalistas.

Carlos Gómez Arrieta, entonces jefe de la Policía Federal Ministerial (PFM), es otro de los ex funcionarios denunciados por la CNDH; a él se le imputa –entre otras cosas– haber participado en la tortura contra Carlos Canto Salgado, que quedó en evidencia a través de un video que circuló en Internet.

Figuran, además, Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien hace unos días renunció a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la Seido; la agente del Ministerio Público, Lourdes López Lucho Iturbe –quien ha sido señalada por irregularidades en casos relacionados con plagios–, y la coordinadora general de Servicios Periciales de la PGR, Sara Medina Alegría.

Del total de denunciados, 116 servidores públicos –82 federales y 34 estatales– habrían realizado actos u omisiones durante las investigaciones ministeriales, en tanto que otros 119 –114 federales y cinco estatales– fueron señalados por actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias además de otras violaciones. De estos últimos, 54 son de la PFM, 16 de la Secretaría de Marina, 44 de la PF, tres de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Guerrero y dos más de la Secretaría de Seguridad del estado de México.