El acuerdo alcanzado la semana pasada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con los consejos Coordinador Empresarial (CCE) y Mexicano de Negocios (CMN) sobre la inversión privada en el sector energético no contiene nada nuevo que no esté establecido en las leyes vigentes o que ya exista, aseveró Sergio Ampudia Mello, vicepresidente de derecho energético de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Las empresas privadas ya participan en la producción petroquímica y también en más de 40 por ciento en la generación eléctrica, así que calificó la reunión del 24 de julio de guiño del gobierno, con connotación política, a los dirigentes de las cúpulas empresariales para brindarles certidumbre de que las cosas van a continuar.

Es dar piso a la inversión privada luego de las señales encontradas que se dieron, comentó sobre el anuncio del Presidente de que por el aumento de la demanda la Comisión Federal de Electricidad (CFE) producirá 55 por ciento de la electricidad y el resto el sector privado. Además, se requiere inversión privada para la industria petroquímica porque el gobierno carece de recursos para reactivarla.

Actualmente la CFE produce 57 por ciento de la electricidad que se consume en el país y tiene una capacidad instalada de 76 mil megavatios, pero no se usa completa ni todo el tiempo, detalló.

Advirtió que en el sector eléctrico no se consideraron otras partes de la cadena de valor y el gran tema a resolver es la producción y consumo de electricidad in situ, la llamada generación distribuida, que ha tenido un crecimiento enorme en años recientes pero es difícil de calcular porque no utiliza redes de transmisión.

Ampudia Mello, quien también es coordinador de la especialidad de derecho energético en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que si bien la política energética ha cambiado con el nuevo gobierno, siguen vigentes los cambios constitucionales, las leyes secundarias y los reglamentos aprobados durante el sexenio pasado con la reforma en la materia.

Advirtió que las implicaciones de que la CFE haya solicitado la revisión de los contratos son diversas, no solamente en el suministro de gas, sino también en la protección de inversiones en compromisos internacionales contraídos por México.