as elecciones al Parlamento de la capital rusa, dentro de poco más de un mes, se convirtieron en un inesperado problema para el Krem- lin al desatar una incesante ola de protestas, tanto autorizadas como no.

El detonante de la indignación hay que buscarlo en la ilegal forma con que la Comisión Electoral rechazó las firmas de apoyo a la postulación de aspirantes indeseados para satisfacer la orden de la alcaldía de Moscú –celosa de sus privilegios al disponer a su antojo del multimillonario presupuesto urbano, del suelo y las propiedades moscovitas sin ningún freno en el Legislativo–, de denegar la inscripción como candidatos de 17 políticos opositores, aunque algunos, menos conocidos, sí obtuvieron el registro.

Empezaron los plantones espontáneos de personas que se sintieron estafadas, al ver la impunidad con que los expertos al servicio de las autoridades alteraron sus firmas para declararlas nulas, con una sola exigencia: permitir que los nombres de sus candidatos figuren en las boletas el 8 de septiembre siguiente.

Ante la negativa de admitir los recursos de apelación y las pruebas presentadas por los afectados –una violación más de la ley de las muchas que ha cometido la Comisión Electoral–, 22 mil personas participaron en un mitin autorizado. Después, ya sin permiso, entre 10 y 15 mil personas intentaron realizar un mitin junto a la sede de la alcaldía, siendo detenidos cerca de mil 400, entre ellos casi todos los opositores sin registro de candidato, condenados a entre 15 y 30 días de prisión para que no puedan apelar ante la instancia electoral superior.

Hasta el momento, parece claro que el Kremlin no quiere que la oposición obtenga legitimidad con una bancada –que sería minoritaria pero que dejaría oír su voz desde la tribuna parlamentaria–, y también resulta evidente que su única respuesta a las protestas es reprimir, para lo cual seguirá usando la fuerza contra los inconformes y, con fines de intimidar, está procesando –de modo aleatorio– a participantes en lo que ya denomina disturbios masivos, hasta ahora hay seis involucrados, que pueden ser condenados hasta cinco años de cárcel.

Queda en duda si este sábado habrá protesta, ya calificada de ilegal por las autoridades, mientras se negocia la autorización del mitin convocado para el 10 de agosto.