Representantes de organizaciones civiles que participaron en un foro en la Secretaría de Gobernación (SG) advirtieron que el gobierno mexicano no tiene la obligación de recibir a los solicitantes de asilo enviados por Estados Unidos para que esperen aquí la respuesta a sus procesos.

Comentaron que nuestro país tampoco debe convertirse en agencia de empleo sino ser un vinculante de trabajos de calidad para este grupo que según las cifras más recientes ya se acerca a las 30 mil personas, la mayoría procedentes de Centroamérica.

Los está recibiendo porque sí, pero tiene su soberanía. En teoría no los debería recibir pero, ahora, están ahí 30 mil (extranjeros) y van a seguir regresando a las personas porque creo que México lo ve como un punto de negociación ante las amenazas de imponer aranceles y detener la presión para firmar un acuerdo como tercer país seguro, señaló Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

Al participar en el panel Trata de personas en el contexto migratorio actual, señaló que si bien los extranjeros son recibidos por razones humanitarias, el país debe coordinarse , quizá, con asociaciones de defensores de Estados Unidos porque es difícil que los solicitantes de asilo encuentren aquí una asesoría adecuada para conseguir su fin.

Trabajo de calidad

Lilian López, del grupo Polaris Project se refirió a la ocupación de los solicitantes de asilo mencionados. El gobierno de México, indicó, debe respetar los derechos básicos de las personas en movilidad, incluido el acceso al trabajo de calidad, para que esta población no se mueva a un mercado de trabajo informal, cuyas condiciones de monitoreo son mucho más complejas, por la vulnerabilidad en la frontera norte.

En los programas de inclusión laboral, el gobierno debe entender que no es una agencia de colocaciones (sino) la institución obligada de garantizar los derechos de las y los trabajadores y debe estar promoviendo que los empleos sean de calidad, a fin de que ni los migrantes ni los mexicanos sean susceptibles a ser víctimas del delito de trata.