Guadalajara, Jal., El despacho de abogados del ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, Antonio Gloria Morales, detenido el martes pasado acusado de peculado, afirmó que en ese acto de la Fiscalía del Estado (FE) se percibe algo turbio que no tardará en salir a la luz.

El despacho Del Toro Carazo aseguró en un comunicado que Gloria Morales –quien fue secretario particular del ex gobernador panista Emilio González Márquez (2007-2013) y secretario de Educación– no intervino en la compra de Casa Jalisco Chicago, oficina de apoyo a jaliscienses migrantes en la región del Medio Oeste de Estados Unidos, inmueble que, según varias investigaciones, se compró en 3.5 millones de dólares, millón y medio sobre su valor comercial.

No existen razones jurídicas, absolutamente ninguna, para que esto haya ocurrido. Se le acusa de ser el autor del delito de peculado en menoscabo del patrimonio del extinto Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade). Antonio Gloria no intervino jamás en dicha compra. Es más, no podía hacerlo, ya que no fue nunca miembro del consejo de administración de Jaltrade, señalaron los litigantes.

Por tanto, añadieron, no aprobó la compra, no la gestionó, no firmó contrato alguno, no intervino en negociación alguna para realizarla ni podía hacerlo por ser ajeno a sus funciones, atribuciones y responsabilidades como coordinador de políticas públicas del gobierno estatal entre 2008 y 2009, cuando se adquirió el edificio.

Expusieron que si bien Gloria Morales estuvo en la sesión para aprobar la compraventa, lo hizo como simple espectador, sin derecho a voto, y los recursos no salieron de la coordinación que encabezaba.

Estamos ante un absurdo monumental, una vergüenza de acusación en su contra que resulta inexplicable, cuando menos jurídica y lógicamente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el delito de peculado requiere que el acusado servidor público goce de una facultad de disposición real del dinero para así estar en condiciones de desviarlo de su objeto, acotaron.

Los abogados dijeron estar extrañados de que la FE no haya imputado a algún consejero del Jaltrade con facultades reales de decisión, pero que sí lo haya hecho contra un invitado a la sesión, por lo que consideraron que el proceso es parcial, selectivo, desleal y hasta torpe jurídicamente.

El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, han evitado hacer declaraciones sobre el caso, iniciado por la pasada administración estatal, encabezada por el priísta Aristóteles Sandoval.