Programas enfocados a infraestructura indígena, mejoramiento de la producción, productividad y difusión de los derechos de ese sector de la población, todos a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), han destacado por su rezago en la ejecución de gasto durante el primer semestre del año.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre las entidades no sectorizadas de la administración pública federal se han dejado de gastar mil 499 millones de pesos respecto de lo calendarizado.

Entre las causas que aduce la dependencia está menores erogaciones para los programas Infraestructura Indígena y Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena.

Lo mismo ocurre en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). En general, esta dependencia destaca por el subejercicio que arrastra respecto del presupuesto que se le aprobó. Ha dejado de gastar 2 mil 925.9 millones de pesos por menores recursos para los programas Mejoramiento Urbano (PMU) y Nacional de Reconstrucción.

En particular, el subejercicio para comunidades indígenas en la Sedatu se registra en 39.7 por ciento en el PMU, sin que ello implique que se dejen de gastar salarios en la burocracia que debería ejecutar esos programas.

Así, entre las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas que atañen a proyectos entre diversas dependencias, entre enero y junio hay un retraso del gasto de 8 mil 544 millones de pesos.

Si bien la austeridad para las comunidades indígenas se ha concentrado en el INPI y en la Sader, también desde la Secretaría de Economía, del Programa de Microcréditos para el Bienestar en esta población apenas se han gastado 49.6 por ciento de los 152 millones 652 mil pesos que actualmente se contemplaba que ya estuvieran entre los beneficiarios.

Lo mismo en los recursos que tiene a su cargo la Secretaría de Educación Pública para ese sector, donde los 3 mil 552 millones de pesos que ha ahorrado la dependencia en los programas son cuatro de cada 10 pesos de todo lo que no se ha ejercido para atender a población indígena. En esta dependencia el subejercicio responde a que, al igual que en todos los programas que involucran a Prospera –nombre de la política social que ha mutado desde el Oportunidades de Carlos Salinas de Gortari–, hay una retención del gasto que se aprobó en diciembre por la Cámara de Diputados.

A la par, también desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los programas de promoción, difusión y protección de garantías entre los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, así como para atender asuntos de indígenas en reclusión, llevan un ahorro de 27.5 por ciento, más de una cuarta parte de lo que se tendría que haber ejercido a la fecha.

En particular, en el Inpi, el Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, que tiene el objetivo de impulsar la consolidación de proyectos productivos y turísticos en localidades con 40 por ciento y más de población indígena, a la fecha debió erogar 444 millones 919 mil pesos, pero apenas ha ejercido 6.9 por ciento de ese monto, 30 millones 746 mil pesos.

En el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, a cargo del abogado Adelfo Regino Montes, lleva un retraso de 202 millones 757 mil pesos en el gasto.

Mientras, el Programa de Infraestructura Indígena, que tiene como objetivo que las comunidades que defina el INPI superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda, el rezago en la ejecución de los recursos es de 628 millones 766 mil pesos, 65.7 por ciento de lo estimado para junio de este año.