ara negar el fraude, los terraplanistas electorales olvidan convenientemente que en 2003 el árbitro perdió la confianza de uno de los contendientes (https://bit.ly/31RmMhI), lo que, según los teóricos, es suficiente para que un régimen no sea democrático (https://bit.ly/33J671Q). Olvidan que el Trife se negó a indagar el fraude, amparado en una sesgada interpretación de la ley. Olvidan que rechazó las evidencias que aportó la coalición Por el Bien de Todos (PBT), que postuló a AMLO. Hacen a un lado las denuncias de las trapacerías de las semanas previas. Finalmente, habría que reflexionar sobre el clasismo inherente a despreciar y reírse de cosas que para su acomodada y urbana posición son causa de risa, pero que en las comunidades marginadas de este país pueden cambiar la vida a las personas, como mulas o aves de corral.

En 2006 se mostró que antes de los ­comicios hubo manipulación de las listas de funcionarios de casilla (sustitución a modo de quienes no acudieron a los citatorios) y de las acreditaciones de los representantes de PBT. En estados que tendrían elevados porcentajes de inconsistencias, como Guanajuato, esta manipulación eliminó a 20 por ciento de los representantes de la coalición. Eso arreció el 2 de julio, lo que también se documentó.

Ante la enorme cantidad de irregularidades en las actas de cómputo de las elecciones, el régimen (IFE, Trife, PAN y PRI) optó por una doble estrategia: cerrarse en banda a la demanda de PBT (“voto por voto…”); y argumentar que las irregularidades eran aleatorias, no dolosas. Supongámoslo. Un muy conocido estudio sobre las actas muestra la cantidad de variables (jurídicas, meramente jurídicas) que el Trife decidió ignorar u omitir. Y no duda: dado que los votos irregulares superan la ventaja de Calderón sobre López Obrador, imposibilitando que se defina con certeza cuál fue la voluntad del electorado, era menester declarar inválida la elección.

¿Se violó alguno de los principios de la legislación electoral?; Sí: la certeza del resultado. “Sí… de manera generalizada” (J. A. Crespo, Hablan las actas, pp. 143-145).

Los datos se acumulan. ¿Alguien recuerda que en el recuento ordenado por el Trife (que atendió la propuesta del PAN y no la de la PBT) se mostró que en 43 por ciento de las casillas había votos de más (seis en promedio)?, ¿que en 30 por ciento faltaban en promedio 10 votos?, ¿se acuerdan que en 81 por ciento de las actas fueron evidentes las variaciones respecto a los votos emitidos, que en síntesis da 1.14 votos más a Calderón? Los terraplanistas aseguran que fueron errores humanos, nunca dolo, nunca fraude premeditado… y omiten convenientemente que si el error supera la diferencia entre el ganador y el perdedor, había que anular la elección.

Los análisis de la Declaratoria de validez de la elección presidencial de 2006, del Trife, ofenden la inteligencia de quien quiera pensar. Retomemos el resumen de Sergio Aguayo ( Vuelta en U) sobre las reacciones del tribunal: ¿Las campañas negativas en radio y televisión? ¿Los espots del Centro Coordinador Empresarial? ¿Los del Dr. Simi? ¿Los de otros empresarios? ¿La campaña negativa por Internet y por teléfono? ¿Las declaraciones de Vicente Fox? ¿La intervención de Elba Esther Gordillo y los gobernadores? ¿La inequidad de las televisoras? ¿La injerencia de otros empresarios? ¿La intervención de la Iglesia? ¿Las indebidas declaraciones de Luis Carlos Ugalde el 6 de julio? ¿La circular de Ugalde contra el recuento de más votos? Todo real, algunas cosas pudieron influir, según el tribunal, pero en ninguno de los casos hay, según el tribunal, pruebas contundentes o irrefutables para medir su impacto. No importa tampoco la acumulación de hechos (¿por qué fueron medidos por separado y nunca se consideró su acumulación?). Ni la mínima diferencia del resultado oficial. En síntesis: se violó la ley pero nomás tantito (entonces, ¿podía o no medirse?). Dice una de las resoluciones: La irregularidad queda establecida, pero no existen elementos probatorios para demostrar fehacientemente su impacto.

La Fepade igual: hay resoluciones increíbles, como la que reconoce las campañas sucias contra un candidato, pero como no llaman explícitamente a votar por otro, la Fepade es incompetente (sin importar que el discurso de esos espots ilegales, reprodujeran el lenguaje de Calderón).

¿Análisis jurídicos? Juan Antonio Cruz Parcero: el tribunal actuó por decir lo menos, de manera negligente basándose en interpretaciones incorrectas de la Constitución y del derecho. ¿Por qué tomaron una decisión tan mala? A mí, como a muchos ciudadanos, sólo me queda especular (https://bit.ly/30jkoAb).

Miguel Eraña: “Los razonamientos del Dictamen dejan en un estatus de profunda debilidad argumentativa a la defensa de la legitimidad de la elección presidencial de 2006; por consiguiente, queda latente su cuestionamiento perenne (https://bit.ly/2P2JNgl).

Perennemente lo cuestionaremos, hasta que cese la desvergüenza de los cínicos y la ignorancia de los terraplanistas.

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