En el Instituto Nacional Electoral (INE) no hay oposición a una modificación al sistema, aunque entre los integrantes del Consejo General se mantiene resistencia a disminuir los costos para la operatividad de la democracia.

Esta construcción conjunta en términos de la racionalidad presupuestaria debe implicar que no haya un paso atrás en la vulneración, digamos en el empaque de la autonomía de las autoridades electorales, en los mecanismos que permiten certeza en las reglas y en los procedimientos, así como en la equidad de la contienda y en la representación de nuestra pluralidad, expresó el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Ayer en la sede del INE se celebró una reunión de trabajo entre el Consejo General del instituto y los legisladores que conforman el Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral del Congreso de la Unión, donde los consejeros detallaron algunas deficiencias en la legislación vigente, algunas áreas en las que se pueden reducir gastos y otras que no se pueden modificar, como el servicio profesional electoral.

En ese contexto, algunos legisladores aceptaron que si bien es necesario disminuir recursos, no se tiene claro cómo. Por lo que ambas partes celebraron la realización de estos foros de parlamento abierto y coincidieron en la necesidad de generar consensos para alcanzar acuerdos en materia electoral.

Correspondió al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, presentar los argumentos en materia presupuestaria y dijo que en años recientes ha habido una caída sucesiva. En 2000, el costo de operación del instituto representó 0.67 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y a partir de la reforma de 2014 los recursos constituyeron 0.28 por ciento en 2015, 0.24 un año después, 0.22 para 2017, subió a 0.32 en 2018 por la elección federal, y para este año representa 0.18 del PEF.

Pese a ello, la carga de trabajo para el INE es mayor, pues mientras en 23 años organizó 18 procesos electorales, en los pasados cinco años –tras la reforma– ha participado en 198.

Los consejeros insistieron en que una forma de reducir millones de pesos en el gasto sería la instrumentación de la urna electrónica; exigieron a los legisladores definir a detalle cuáles son los límites de los partidos y sus militantes en quejas cotidianas, y destacaron las atribuciones del instituto y de los organismos electorales locales, lo que para la consejera Pamela San Martín no es claro en la legislación, por lo que en los hechos cada parte define cuál es su trabajo y dónde se juntan las tareas, para coordinarse.

El consejero Ciro Murayama subrayó que algo irrenunciable sería prescindir del servicio profesional electoral, pues gracias a esto los trabajadores de los institutos nacional y locales son imparciales y no se deben a funcionarios ni a políticos o directivos de órganos electorales.