A petición de la defensa de Rosario Robles, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna los 25 contratos y convenios que firmaron funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante su gestión, con al menos 14 universidades estatales y politécnicas.

Ahí aparecen los nombres de ex rectores como el de la Universidad Autónoma de Chiapas (UACh), Jaime Valls Esponda, quien es el actual secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

En la actualidad el Ministerio Público investiga si algunas de las firmas registradas en estos documentos son falsas, como lo han afirmado algunos ex funcionarios y testigos colaboradores de la FGR.

Los documentos de prueba que forman parte de los dictámenes de las auditorías practicadas a las casas de estudio señalan que el 15 de mayo de 2013, Rosario Robles, como titular de Sedesol, signó con la UACh un convenio general de coordinación por 60 millones 952 mil pesos, para establecer mecanismos de colaboración en proyectos, programas y demás trabajos conjuntos en áreas de interés común.

También se mencionó al ex rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, en tres contratos que supuestamente firmó con Emilio Zebadúa, entonces oficial mayor de Sedesol, por 675 millones de pesos; y uno más con Sonia Angélica Zaragoza González, directora general de procesos y estructura organizacionales de la misma secretaría, por 22 millones 462 mil 182 pesos. Todos se realizaron entre mayo y junio de 2013.

De acuerdo con los dictámenes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que la fiscalía presentó como datos de prueba, el 10 de octubre de ese año, Noé Molina Rusiles, ex rector de la Tecnológica de Nezahualcóyotl, presuntamente suscribió dos convenios con Javier Guerrero García, subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la Sedesol.

Armando Silva Chairez, de la Autónoma de Zacatecas, habría firmado, en junio de 2015, con Simón Pedro de León Mojarro, titular de la unidad de coordinación de delegaciones y Marcos Ibarra Infante (actual testigo colaborador de la FGR), un convenio por 26 millones 622 mil pesos. El objetivo era la prestación de servicios que consistían en el diseño y desarrollo de una metodología de intervención para el fortalecimiento del padrón de beneficiarios de la Sedesol.

También se mencionan a otros ex rectores y funcionarios, entre ellos Juan de Dios Nochebuena, de la Universidad Politécnica Francisco y Madero; Narciso Xicoténcatl Rojas, ex rector y representante legal de la Universidad Politécnica de Tlaxcala; Carlos Mario Olan López, ex director general del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, así como quien fuera su sucesor en el cargo, José Martínez Pérez.