Si las autoridades mexicanas no atienden las causas profundas de la violencia contra reporteros y activistas, para finales del actual sexenio será insostenible mantener la operación del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pues en 2024 los recursos que requerirá rebasarán los mil millones de pesos –cifra que triplica su actual presupuesto– y el número de personas que atiende será mayor a 3 mil 400 (hoy son 903).

Esta es la principal conclusión del diagnóstico del mecanismo que elaboró la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que hace unos días entregó a la Secretaría de Gobernación (SG) y que se presentará el 26 de agosto. El documentó prevé que al ritmo actual de agravios contra esos gremios y bajo el mismo modo de operación del organismo, entre 2025 y 2030 los recursos necesarios se elevarían a 4 mil 130 millones de pesos.

Para evitar esa crisis, la instancia internacional propone el involucramiento decidido de todas las instituciones –federales y estatales– para la protección de comunicadores y defensores, reforzamiento del personal del mecanismo, compromiso decidido de las entidades federativas y sanciones a los servidores públicos que incurran en violencia contra esos sectores, entre otras medidas.

En el análisis se hacen patentes además varias preocupaciones de la ONU-DH ante el peligro que hoy enfrentan esos profesionales: siete de los beneficiarios de dicha instancia –que comenzó a operar a finales de 2012– han sido asesinados de 2016 a la fecha, el año pasado no se pudo concluir ningún caso por disminución de riesgo y que en aquellos donde se identificó a los presuntos perpetradores de las agresiones, 55 por ciento son funcionarios públicos.

Al 30 de abril de 2019, daba protección a 903 personas y se le asignó un presupuesto de 207.6 millones de pesos. Sin embargo, la SG prevé que para finales de este año alcanzará mil 131 beneficiarios, con un gasto asociado de 325 millones, por lo que el pasado 4 de abril presentó una solicitud adicional de 150 millones, la cual todavía no recibe respuesta.

El reporte enfatiza que actualmente esa instancia mantiene su enfoque principal en evitar la consumación del daño, elemento que si bien es muy importante, resulta insuficiente, pues se necesita priorizar la atención a las causas que generan los riesgos, las cuales deben ser atendidas con acciones políticas y de prevención que permitan anular el origen de los peligros.

De seguir manteniendo los objetivos en la reacción, la ONU-DH prevé que su operación para el cierre del sexenio será ineficaz e insostenible, pues tendría que proteger a 3 mil 452 personas, para lo que se requerirían más de mil 32 millones de pesos.

Otro asunto ineludible es que sus capacidades materiales y de recursos humanos son insuficientes, ya que cuenta con apenas 36 funcionarios, cifra que se ha mantenido estable desde 2014.

Al 24 de abril estaban pendientes 114 revaluaciones y 22 evaluaciones, equivalentes a un poco más de tres meses de trabajo, refiere el informe, el cual destaca que la demanda de protección va en aumento debido a que hay mayor conocimiento del mecanismo y se le tiene mayor confianza, pero también por el aumento de la violencia.