Guadalajara, Jal., La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano tomar medidas cautelares y rendir cuentas de las acciones emprendidas para garantizar la salud de los pobladores de la ribera del río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, conurbados al sureste del área metropolitana de Guadalajara.

La solicitud de la CIDH al gobierno mexicano es vinculante y se hizo a partir de una petición que el 18 de julio pasado le hicieron habitantes, organismos ambientalistas e investigadores universitarios; asimismo, se suma a las recomendaciones emitidas por el Tribunal Latinoamericano del Agua, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental e investigadora de la Universidad de Guadalajara, dijo que el Estado mexicano tiene 20 días para entregar información acerca de las acciones que emprende o que va a implementar a partir de la solicitud de la CIDH.

En el documento, la defensoría internacional también pide que el Estado mexicano se abstenga de otorgar nuevas concesiones de uso de agua o permisos para arrojar desechos industriales al cauce del Santiago y de implementar un decreto de levantamiento de veda a la zona hidrológica del mismo río.

Pide servicios de salud para residentes de la zona

Además, solicita que se ofrezcan los servicios de salud necesarios a los residentes de la zona para detectar, tratar y prevenir enfermedades ocasionadas por la contaminación del río, así como implementar, en consulta con los pobladores, un plan de saneamiento para eliminar 79 contaminantes de origen industrial detectados en el citado cauce.

En el pliego además se consideran, entre otras medidas cautelares, modificar y hacer cumplir la norma oficial 001-Semarnat-2013 para incluir 72 contaminantes que actualmente no están regulados en la normatividad ambiental.

En el comunicado que acabamos de recibir de la CIDH, al gobierno mexicano le están dando 20 días a partir de la notificación para que responda a la petición sobre la información específica que solicitan. La CIDH tiene en línea la petición y los pasos que se vayan dando, dijo.

Gutiérrez Nájera firmó como peticionaria junto con otros especialistas, organizaciones civiles y pobladores de El Salto y Juanaca-tlán y ellos actualizarán a la CIDH acerca de si se están cumpliendo las medidas cautelares.

Según el documento de la CIDH, el Estado mexicano debe pronunciarse en relación a las medidas cautelares emitidas, informar sobre la situación de salud de las personas respecto de las fuentes de contaminación.

También informar si las per-sonas cuentan con acceso a servicios de salud para mitigar su situación de riesgo y aportar cualquier información que el Estado mexicano considere necesaria en los términos del artículo 25 del reglamento de la CIDH.

La especialista dijo que los esfuerzos que se han hecho desde el estado de Jalisco han sido ineficaces y no han resuelto la situación de grave riesgo, puesta en peligro y daños a la salud, a la vida y a la integridad del medio ambiente de la zona.

Hasta ahora el gobierno federal no ha anunciado medidas para el rescate del río Santiago y el estatal hace un par de meses informó sobre un proyecto para construir plantas de tratamiento de aguas residuales sobre la cuenca, medida esta última que los pobladores y especialistas han considerado insuficientes ante el grave deterioro ambiental y humano que amerita desde hace muchos años una intervención integral de todos los niveles de gobierno.