n el contexto de la reunión para definir el Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de la Alianza para el Gobierno Abierto, el martes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que la dependencia a su cargo estableció contacto con grupos de autodefensa de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. De acuerdo con la funcionaria, los encuentros sostenidos por el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, tuvieron como interlocutores a integrantes de estas agrupaciones que buscan desmovilizarse, dejar las armas, y, con la ayuda del Gobierno federal, desarrollar proyectos productivos que les permitan reintegrarse de manera plena al ámbito civil.

Las declaraciones de la ministra en retiro fueron descalificadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que su administración no mantiene ningún diálogo con grupos del crimen organizado, lo cual a su vez motivó una aclaración de Peralta Saucedo en el sentido de que los grupos de autodefensa no pueden equipararse a la delincuencia, pues tienen distintas dinámicas y motivos de ser. Estos desacuerdos entre el mandatario y su gabinete continuaron durante la conferencia de prensa matutina del jueves, donde López Obrador sostuvo que el Gobierno federal no debe reunirse con grupos que operan al margen de la Constitución, aunque su propósito sea brindar protección a sus comunidades, y parecieron saldarse ayer cuando Sánchez Cordero informó que detendrá los diálogos.

Más allá de la falta de coordinación en la política de seguridad pública evidenciada por esta cadena de episodios, es pertinente analizar con detenimiento la problemática de los grupos de muy diversa índole genéricamente denominados autodefensas. En primera instancia, es necesario hacer un claro deslinde entre las autodefensas que durante el sexenio anterior surgieron en amplias regiones del país, y las policías comunitarias que operan en las zonas indígenas del estado de Guerrero, las cuales cuentan con un contexto legal dentro de la Constitución guerrerense, son nombradas en asambleas públicas y están sujetas a la autoridad de sus comunidades en virtud de sus formas tradicionales de gobierno. Aunque no han logrado el mismo reconocimiento legal, los pueblos indígenas michoacanos como Ostula o Cherán deben ubicarse en este mismo ámbito.

En segundo lugar, debe distinguirse entre los grupos de civiles armados que, de manera notoria a partir de 2013, surgieron en respuesta a los niveles de violencia del cártel de Los Caballeros Templarios en Michoacán. En ese contexto de deterioro crítico de la paz social, militares, empresarios, campesinos y policías se organizaron en varios municipios para frenar a los sicarios que se habían apoderado de la región, a fin de restablecer las condiciones para llevar a cabo sus actividades; al mismo tiempo, algunas células del crimen organizado usaron la fachada de las autodefensas para mantener su control delictivo sobre comunidades y caminos; mientras que civiles de a pie se armaron y montaron guardias para proteger a sus familias. Estos grupos, que compartían únicamente el título de autodefensas, fueron confundidos por la estrategia del anterior gobierno federal de desarmarlos y judiciarlizarlos de manera indiscriminada, incluso cuando en un principio algunos de ellos recibieron el apoyo informal de las autoridades desbordadas por la violencia.

La proliferación de estos grupos no puede explicarse al margen de la inseguridad en que se ven obligados a vivir la mayor parte de los mexicanos –7 de cada 10 ciudadanos del país se sienten inseguros en la ciudad donde viven, y en una decena de urbes esta cifra ronda o supera 90 por ciento–. De la misma manera, la inseguridad no puede explicarse al margen de la impunidad con que el crimen organizado ha operado durante años en varias entidades, donde existen claros indicios de complicidad de la autoridad con los delincuentes. Esto último hace necesario reiterar que el desarme de los ciudadanos que constituyeron autodefensas como única estrategia de supervivencia a su alcance, sin antes garantizar el desmantelamiento de la delincuencia organizada, puede significar incluso una condena a muerte.

En suma, el de los civiles armados es un fenómeno complejo que no admite generalizaciones, sino que requiere una estrategia integral de recuperación de la paz, estrategia que hasta ahora no se ha implementado.