Inesperada sentencia sobre transgénicos
na insólita decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto emitido en 2016 por el gobierno de Yucatán, que declaró la entidad como zona libre de transgénicos debido a las graves afectaciones a las comunidades mayas y a la biodiversidad de la región. Nada grave para el pleno de ministros, que consideró que se habían invadido atribuciones exclusivas de la Federación contenidas en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
Los impactos sociales, el incremento en tasas de deforestación, la contaminación de los mantos freáticos por el uso de agrotóxicos –en particular por el herbicida glifosato–, así como la contaminación de la miel con polen transgénico, que pone en riesgo su calidad de exportación, no fueron suficientes argumentos para quienes dictan la justicia en este país, por lo que organizaciones ambientalistas y defensoras de los pueblos indígenas, colectivos, campesinos, apicultores y activistas lamentaron la inesperada sentencia.
No es simbólico, sino estratégico, que esta decisión se dé en una de las cinco entidades en las que se proyecta el Tren Maya, considerado por amplios sectores de los pueblos como un proyecto que intensificará las afectaciones al medio ambiente y a la cultura que ya existen en el territorio peninsular.
Desde hace tres años, Yucatán se convirtió en el símbolo de la lucha indígena contra la siembra de transgénicos, que llegaron a la región hace una década. La lucha de los pueblos logró el decreto que el pasado 14 de agosto fue echado por tierra, aunque aún no se permite la liberación de siembra de transgénicos.
Cabe señalar que desde 2012 más de 2 mil apicultores yucatecos de los municipios de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab han demandando la declaración de Yucatán como zona libre de organismos genéticamente modificados, pero aún están a la espera de una resolución de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que encabeza Víctor Villalobos, promotor de los transgénicos, cuya presencia en el gabinete contradice las promesas presidenciales de poner fin a este modelo depredador de producción.
