A pesar de que las autoridades mexicanas se han comprometido a impulsar los conceptos de gobierno, justicia y parlamento abiertos, las instituciones todavía no han reglamentado dichos aspectos a cabalidad, por lo que tampoco se ha garantizado su puesta en marcha, señalaron los participantes en el seminario Justicia constitucional y Parlamento Abierto.

Durante el segundo y último día de dicho encuentro, Salvador Nava Gomar, ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hizo ver que aún hay muchas deficiencias en la cultura parlamentaria y jurisdiccional del país, las cuales obstruyen la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Tenemos una cultura de opacidad que nos sigue arrastrando. La manera en que se construyen las decisiones públicas y se confrontan con lo que dice la Constitución tiene que hacerse de cara al público, lo cual todavía no ocurre, lamentó el especialista.

Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, afirmó por su parte que aunque se ha avanzado en el acceso a la información pública que antes era imposible obtener, sigue existiendo una importante brecha de falta de cumplimiento de la ley.

En el tema de la justicia, acercar la labor de los tribunales y jueces a la ciudadanía es algo que aún no se hace de manera plena, y por eso debería diseñarse una estrategia que termine con esa exclusión, indicó.

Jorge Sánchez Morales, magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, consideró que se ha avanzado en el tema de transparentar las resoluciones de los jueces y los motivos por los cuales llegaron a ellas, lo cual ha facilitado que los ciudadanos puedan acceder a los expedientes de los fallos y los analicen, en vez de basarse únicamente en rumores.

José Antonio Caballero, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, advirtió sobre los riesgos de testar en exceso los datos personales existentes en documentos históricos –aunque cuando en muchas ocasiones no hay necesidad de ello– y coincidió en que la transparencia en los procesos judiciales es una forma de proteger a las partes involucradas en un conflicto y fundamentar públicamente las decisiones de los magistrados.