Cuernavaca, Mor., María Concepción Hernández, madre de Oliver Navarrete Hernández –víctima de secuestro, desaparición, asesinato e inhumación clandestina en el gobierno de Graco Ramírez–, denunció que Minerva Román, agente del Ministerio Público a quien el fiscal Uriel Carmona Gándara le asignó el caso recientemente, pidió que su abogado, David Marroquín, se retirara, y le sugirió pedir un millón de pesos para que ya no continúe exigiendo justicia para mi hijo.

La madre de Oliver Navarrete respondió que no quiere dinero, sino justicia, y que esta investigación sirva para que nunca más los servidores públicos desaparezcan cuerpos.

María y su hermana Amalia Hernández aseguraron que la Fiscalía General del Estado (FGE) pretende dejar impune el caso de Oliver, cuyo cadáver y los de otras 118 personas fueron inhumados clandestinamente el 28 de marzo de 2014 por trabajadores de esa dependencia. Oliver, de 31 años, fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en Cuautla; 10 días después fue encontrado muerto y llevado al Servicio Médico Forense.

Sus parientes reclamaron el cuerpo, pero la FGE se lo negó y el 28 de marzo de 2014 lo enterró en una fosa común del panteón de Tetelcingo, municipio de Cuautla.

Su madre continuó con su reclamo. Finalmente, el 9 de diciembre de 2014 le entregaron el cadáver para que lo sepultara. Sin embargo, para localizar a Oliver los trabajadores tuvieron que abrir dos fosas de donde extrajeron otros 118 cadáveres, inhumados sin seguir un protocolo que permitiera su identificación.

Ambas mujeres siguen luchando por que se castigue a todos los servidores públicos que participaron en la inhumación clandestina cometida el 28 de marzo de 2014, fecha que el gobierno estatal declaró Día de las Víctimas de la violencia en Morelos.

Entre sollozos, María explicó: “La intención es echar abajo toda esta investigación. Ellos (la FGE) quieren que no se castigue a nadie y que todo esto quede en la impunidad. Cuando una de ellas, la (agente del) MP me dijo: ‘Tú puedes pedir un millón líquido’, mi contestación fue: ‘Yo no quiero un millón líquido; yo quiero uno nada más, pero sólido, y ese (Oliver) nunca me lo van poder dar. Ese es el único que quiero’”.

La FGE, aseguraron las mujeres, no ha avanzado en la investigación a pesar que existen dos recomendaciones, una de la Comisión Nacional de su homóloga estatal. La primera señaló a 42 funcionarios involucrados con la inhumación de los 119 cuerpos, pero hasta ahora sólo hay dos vinculados a proceso (Ana Lilia Guerrero Moreira, entonces titular de Servicios Periciales en el estado, y Gerson Urrea, director de servicios periciales de la zona oriente), quienes enfrentan el proceso penal en libertad.

Además, se quejaron de que tanto la FGE como el actual gobierno estatal, que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, han incurrido en omisiones que las han hecho pensar que no se quiere llegar hasta el fondo de esta investigación.

Ante el nulo avance de las pesquisas, la madre de Oliver Navarrete pidió al gobernador que ya se ponga a trabajar, que haga lo que deba hacer, porque de que está enterado, está enterado aseguró María Hernández.

No descartó que Uriel Carmona Gándara haya sido designado por el Congreso estatal para encubrir a Graco Ramírez, y agregó que por ello ya interpusieron una denuncia contra el funcionario ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.