México. El gran reto del empleo
romediando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que trimestralmente levanta el INEGI, al primer semestre del año la población total del país es de 126 millones de personas (y un crecimiento de 1.0% anual), de las cuales 94 m tiene 14 años o más (y un crecimiento de 1.7%) (Gráfico 1). De éstos, según nuestra clasificación, 32.3 millones constituyen por sus características y situación la Población no económicamente activa (PNEA) y 62.2 millones la Población económicamente activa (PEA).
De esta PEA, el 12.2% está desocupada (3.1% en desocupación abierta y 9.1% en desocupación pasiva, ver nota en G-1), y el 87.8% es población ocupada en todo tipo de trabajos (Gráfico 2). De este 87.8% ocupado, sólo 32.8% (un tercio de la PEA) se considera con empleo formal al clasificarlo la ENOE "con acceso a instituciones de salud" (rubro subestimado que sólo considera a los trabajadores en el IMSS, 20.4 millones, y excluye a los del ISSSTE, fuerzas armadas y a aquellos asegurados por su trabajo con instituciones privadas); y el restante 55.0% de la PEA constituye ese mundo ambiguo de la informalidad, del cual el INEGI cataloga específicamente un 49.7% como ocupación informal (sin seguridad social) y se asume otro 5.3% de empleadores y trabajadores por cuenta propia también sin seguridad social.
Al margen de las inconsistentes y confusas cifras sobre el empleo y sus colaterales, el hecho es que México tiene su mayor reto económico y social en la generación masiva de empleo y la incorporación amplia de la población a la seguridad: 7.6 millones de empleos para la población desempleada, 1.4 millones anuales para absorber a quienes cada ciclo engrosan la PEA, y triplicar el IMSS actual con nuevos criterios de universalidad, eficiencia y flexibilidad. Sólo así México alcanzará la meta de total cobertura médica, un nuevo sistema de pensiones dignas y acceso a la vivienda.
La creación de empleos, por lo demás, no puede seguir siendo inercial (y claramente insuficiente) como hasta ahora. El reto es mayúsculo y se requiere una política proporcional. La inversión y el crecimiento son indispensables pero no bastan. Es preciso cambiar el enfoque para acotar a las grandes empresas – que oligopolizan y coptan los mercados del país y sólo generan el 11% del empleo no agropecuario – e impulsar producción y mercados para pequeñas y medianas empresas, unidades y productores nacionales; reconsiderar en un acuerdo nacional el exceso de automatización en los procesos productivos, en la agroindustria, en el comercio, en los servicios, en las obras de infraestructura y la construcción,... a fin de lograr una eficiencia interna basada en el máximo empleo posible. Quisiéramos ver a los empresarios mexicanos prometer menos y producir más, salir de su zona de confort, enfrentar a la IED, no vender ni una empresa, arriesgar inversiones, sustituir importaciones, y exportar bienes propios de alto valor agregado. Si los tratados y convenios (mal) firmados con otras naciones (que incluyen la permisividad absoluta a la inversión extranjera) impiden u obstaculizan este reordenamiento interno para la producción, el empleo y la inclusión social, habría que renegociarlos, acotarlos ó incluso, dado el caso, renunciar a ellos. El interés corporativo global no puede sobreponerse al interés nacional; una convivencia justa y virtuosa es lo procedente.
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