Deudos de los migrantes masacrados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, exigieron al gobierno mexicano conocer la verdad y que se haga justicia por esos hechos, además de que se apliquen medidas de reparación del daño y garantías de no repetición.

En una ceremonia para recordar el noveno aniversario de los acontecimientos –que dejaron 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres), principalmente de centro y Sudamérica asesinados por Los Zetas–, padres y madres de las víctimas dijeron que hasta ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha establecido contacto con ellos para conocer detalles de las indagatorias.

El atrio del templo de San Francisco, en el Centro Histórico, donde se encuentra temporalmente la intervención El lugar de las palabras en común, se convirtió en el escenario para recordar a las víctimas de la masacre. Flores y veladoras se colocaron en la exposición en una actividad a la que se sumaron de manera espontánea decenas de personas que ahí se encontraban.

Yolanda Serrato, madre de Eva, una joven hondureña de 26 años cuyo sueño de llegar a Estados Unidos para dar una mejor vida a sus tres hijos terminó en aquel agosto de 2010, exigió conocer la verdad y clamó por justicia.

Los crímenes perpetrados durante el gobierno de Felipe Calderón siguen impunes y ninguna de las tres administraciones federales mexicanas que han transcurrido desde entonces ha dado respuesta a las familias. Pedimos al gobierno de México que haga un esfuerzo para que estas cosas no queden en la impunidad, sino que se logre justicia, enfatizó la mujer al ser entrevistada por este diario.

No deja pasar la oportunidad para expresar lo que le diría a su hija si la tuviera enfrente: Le hablaría para decir que siempre la tengo en mi corazón y que nunca la olvidaré.

Han sido nueve años duros para Yolanda, pues se hizo cargo de los tres hijos que Eva dejó. Tres pequeños que ahora son adolescentes y muy buenos para la escuela. Por eso otra de sus peticiones es que cualquier persona o los gobiernos apoyen a sus nietos para continuar con sus estudios.

Miguel Ángel Medrano, padre de Glenda, de origen salvadoreño y que entonces tenía 23 años, demandó también justicia y verdad no sólo para los miles de migrantes desaparecidos o asesinados en su tránsito por México, sino por las miles de víctimas que ha dejado la violencia.

Seguimos adelante para que esto no se siga dando, para que otra familia no sufra lo que estamos sufriendo. Esperamos que las autoridades mexicanas pongan un alto a esto, sé que no es fácil, pero ellos tienen la ley en la mano para poder evitar este tipo de tragedias.

Dijo que a lo largo de estos nueve años las autoridades mexicanas sólo les han dado mentiras y promesas incumplidas. La obligación del gobierno mexicano es dar justicia y reparación de los daños. Queremos verdad, no basta el dinero, eso no nos regresa a nuestros familiares.

Durante la semana, a convocatoria de varias organizaciones civiles, entre ellas la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, se realizarán diversas actividades para continuar con la exigencia de conocer la verdad y se haga justicia por la masacre de San Fernando.