Este lunes se presentará el diagnóstico que la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizó del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el cual propone transformar su actual funcionamiento y poner más énfasis en la prevención.

El reporte alerta sobre el incremento de la violencia contra ambos gremios y advierte que según los datos se mantienen los peligros para los comunicadores y activistas protegidos por el mecanismo, pues en 2018 no se concluyó un solo caso por disminución de riesgo.

El mecanismo tiene 903 beneficiarios y se prevé que para el cierre de este año el número crezca a mil 131, para lo que se deberán erogar 325 millones de pesos de presupuesto para su adecuada operación.

Como parte del diagnóstico, la ONU-DH entrevistó a 62 beneficiarios quienes destacaron que la protección brindada por el mecanismo es el motivo por el que siguen vivos.

Su relevancia se confirma también por el aumento de los acercamientos e incorporaciones, al comparar las cifras entre enero y mayo de 2018 con el mismo periodo de este año, las solicitudes de incorporación crecieron 70 por ciento.

Sin embargo, la instancia internacional remarca que el mecanismo –que comenzó a funcionar desde finales de 2012 y es operado por la Secretaría de Gobernación– sigue siendo una respuesta insuficiente, ya que mantiene su enfoque principal en evitar la consumación del daño, que si bien es importante, lo que se requiere es dar prioridad de atención a las causas que generan los riesgos, las cuales deben ser atendidas con acciones políticas y de prevención que permitan anular el origen de los peligros.

Si se mantienen los fines en la reacción, la ONU-DH prevé que su operación para el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador será ineficaz e insostenible, pues tendría que proteger a 3 mil 452 personas, para lo que se requerirían más de mil 32 millones de pesos, lo que triplica su actual presupuesto.

El diagnóstico se presentó hace unas semanas en ceremonia privada en la Secretaría de Gobernación, donde funcionarios del gobierno federal y de la Fiscalía General de la República se comprometieron a trabajar por la seguridad y protección de comunicadores y activistas.

El reporte, que se hará público hoy, presenta una serie de recomendaciones como el involucramiento decidido de todas las instituciones –federales y estatales– para la protección de periodistas y defensores, de derechos humanos, que se incremente el personal del mecanismo, exista un compromiso decidido de las entidades federativas y que se sancione a los servidores públicos que incurran en violencia contra esos sectores, entre otras medidas.