Para el 31 de diciembre próximo, el déficit acumulado de las nueve universidades públicas estatales que enfrentan serios problemas financieros llegará a 16 mil 677 millones de pesos –incluidos los pasivos históricos– y requerirán al menos 5 mil millones de pesos adicionales al presupuesto autorizado de este año, tan sólo para pagar la nómina del personal docente y administrativo.

De acuerdo con un diagnóstico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), es indispensable el diseño de estrategias para la atención, a corto y mediano plazos, de este problema que se agudizó desde 2015, con la disminución de los fondos extraordinarios que destinaba el gobierno federal para atender problemas estructurales de las universidades.

Frente a esta circunstancia, que se ha repetido en los años pasados, la SEP trabaja en la gestión de al menos de 2 mil 500 millones de pesos con la Secretaría de Hacienda para esas nueve universidades. En tanto, dirigencias de los trabajadores de esas casas de estudios advirtieron haber recibido avisos, de las autoridades sobre la falta de recursos, por lo que la falta de pago de la nómina podría darse desde octubre.

El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, señaló que en los años pasados ha sido un peregrinaje gestionar dinero y que sólo se tiene garantizada la cobertura de la nómina hasta octubre próximo, además de que se arrastra un déficit desde hace 10 años. En caso similar está la de Michoacán, mientras que otras, como la de Morelos, podrán pagar nómina, pero no prestaciones de seguridad social e Infonavit.

El próximo miércoles 28, la dirigencia de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios se reunirá con autoridades de la SEP, a fin de conocer el avance de las gestiones y anunciar la preparación de un paro nacional de universidades, en caso de darse la suspensión del pago de nóminas.

En el diagnóstico se indica que entre causas del déficit están la insuficiencia del subsidio ordinario; aumento del costo de operación, resultado del crecimiento de la matrícula; prestaciones que exceden lo establecido en los convenios de apoyo financiero, y compromisos derivados de los regímenes de pensiones y jubilaciones.

Las nueve universidades públicas en esta situación son las de Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, estado de México, Morelos, Juárez, Autónoma de Tabasco, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Chiapas y Benito Juárez de Oaxaca.

Con excepción de la chiapaneca, el resto recibió del gobierno federal, a finales de 2018, 2 mil 309 millones de pesos que les permitieron solventar los servicios personales y garantizar la continuidad de los educativos.

Las universidades de Michoacán, Morelos y Tabasco, con 500, 408 y 380 millones de pesos cada una, fueron las tres instituciones que recibieron más apoyo; detrás de ellas se ubican la de Sinaloa, que obtuvo 304; las del estado de México y la de Zacatecas, a las que dieron 250 millones, respectivamente; a Nayarit, 166, y a Oaxaca, 51 millones de pesos.