La Alianza Mexicana contra el Fracking demandó al Congreso de la Unión discutir y dictaminar en el próximo periodo de sesiones las seis iniciativas contra la fractura hidráulica que acumula desde 2018, que van de una ley que prohíbe tal práctica a modificaciones a leyes secundarias e incluso una reforma constitucional.

Acusó que dado que no ha sido cambiado el marco regulatorio, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Petróleos Mexicanos (Pemex) autorizan y llevan a cabo proyectos que utilizan el fracking, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a erradicarlo.

“La voluntad presidencial resulta insuficiente mientras no se adopten medidas específicas que reorienten la política energética y se establezca la prohibición legal del fracking”, indicó la alianza.

Invitó a la población a sumarse la demanda de que los legisladores cambien la ley firmando la petición nofrackingmexico.org/firma.

La organización comprobó que Pemex, la CNH, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las secretarías de Energía (Sener) y de Medio Ambiente (Sedema) no contemplan ni han implementado ninguna acción para detener el fracking, de acuerdo con las respuestas que obtuvo a solicitudes de información que les hizo.

La práctica, incluida en el plan de negocios

En los 100 compromisos que López Obrador aseguró que cumpliría como Presidente, en el número 75 sostuvo: “No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”.

Sin embargo, la empresa productiva del Estado contempla en su plan de negocios continuar con la exploración de los yacimientos de lutitas en la frontera con Estados Unidos y asienta que el fracking será clave para la empresa y el país, una vez que las condiciones económicas, regulatorias, ambientales y sociales sean las propicias para continuar la exploración y pasar a la etapa de aprovechamiento de recursos no convencionales, aseveró la alianza.

Existe una continuidad absoluta en el marco regulatorio que permite la fractura hidráulica en el territorio, sin ninguna acción implementada desde el Poder Ejecutivo que vaya en el sentido de las palabras del actual mandatario, señaló Manuel Llano, de CartoCrítica, una de las organizaciones que conforman la Alianza Mexicana contra el Fracking.