Saltillo, Coah., La crisis del sistema forense mexicano, que no ha podido identificar 26 mil restos humanos, pudo ser aún peor, pues apenas en 2017 se aprobaron leyes para prohibir a las procuradurías y fiscalías estatales, así como a la nacional, inhumar cuerpos sin practicar la necropsia, advirtió el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

Indicó que identificar restos humanos es tan prioritario como la búsqueda de personas desaparecidas para garantizar a las víctimas el derecho a la identidad y dar certeza a sus familias.

Ante integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, añadió que esta crisis, que heredamos del gobierno anterior, se traduce en miles de cuerpos sin identificar en las morgues y en fosas comunes. Lo cierto es que esta cifra pudo ser mucho mayor porque en 2017 se estipuló el impedimento de hacer inhumaciones sin necropsia, expuso.

Encinas anunció la entrega de 90 millones de pesos al gobierno de Coahuila para un laboratorio de identificación de restos humanos; este proyecto, consideró, debe convertirse en referente nacional para consolidar el desarrollo de una infraestructura que durante muchos años ha sido abandonada.

Comentó que cuando comenzaron a hacer el diagnóstico, en coordinación con el área de servicios periciales de la Fiscalía General de la República, teníamos más de 7 mil 800 cuerpos en las planchas o en frigoríficos de los servicios forenses del país, lo cual da cuenta del enorme rezago que enfrentamos para dar atención digna y oportuna a los cuerpos.

Dijo que el proyecto de infraestructura en Coahuila y otros estados incluye panteones forenses, servicios periciales adecuados, centros regionales de identificación humana y desarrollar recursos humanos no sólo en el área de criminalística, sino también en medicina y antropología forense.

Esta terrible crisis humanitaria no sólo consiste en la desaparición, sino también en la falta de identificación de los cuerpos para que podamos garantizarles trato digno, derecho a la identidad, que esas personas puedan regresar con sus familias para que éstas puedan tener paz, destacó.