El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que no habrá más pases automáticos para la ratificación de jueces y magistrados en el Poder Judicial de Federación (PJF), sino que ahora se procederá a evaluarlos.

Dos de los parámetros que se tomarán en consideración para las ratificaciones de quienes hoy detentan estos cargos serán elementos sustantivos y su compromiso con la actividad jurisdiccional.

Se informó que el pasado 28 de agosto, el pleno del CJF modificó, por unanimidad, el estándar con el que se ratifica a los jueces y magistrados federales, con lo que se eliminan las ratificaciones en automático y ahora se procede a evaluar también los elementos sustantivos y el compromiso con la actividad jurisdiccional.

La Ley Orgánica del CJF señala entre otros requisitos para la ratificación de los jueces y magistrados, los consejeros que integran el CJF, deben tomar en cuenta el desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; los resultados de las visitas de inspección; el grado académico y los cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente ni haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativo.

Ahora, a esos requisitos se sumará la evalución de su probada capacidad técnica y vocación de servicio público.

En ese contexto, el CJF recordó que los juzgadores federales, a los seis años de su nombramiento, pasan una evaluación y luego son ratificados de manera permanente. Es por ello que esta evaluación es de la mayor relevancia para asegurar que en el Poder Judicial Federal sólo permanezcan jueces y magistrados que demuestren los más altos niveles de eficiencia, autonomía y capacidad técnico-jurídica.

El organismo del PJF señaló que estas acciones están en sintonía con las mejores prácticas internacionales y recomendaciones hechas por organismos internacionales y que tanto el CJF como su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, buscan que los juzgadores federales se comprometan con los altos estándares que la Constitución exige para la impartición de justicia y al servicio y fortalecimiento del estado de derecho.