uego de las tolvaneras que en las élites partidistas opositoras generó el mensaje político del primer-tercer Informe de Andrés Manuel López Obrador, al declarar a sus adversarios moralmente derrotados, quedaron sobre la mesa dos temas que podrán ser de larga duración: la guardería ABC y la casa blanca.

A reserva de conocer la profundidad de esas reactivaciones judiciales y administrativas, y los niveles a los que podrían llegar los eventuales castigos, resulta interesante la decisión de órganos obradoristas, que no se mueven sin la voluntad superior, de airear expedientes que parecían estar beneficiados por la política de amnistía que anunció López Obrador como candidato y que practica como titular de la Presidencia de la República.

El primero de los casos se refiere al incendio sucedido en la guardería ABC el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. Murieron 49 infantes y más de un centenar sufrió heridas; la mayor edad de los pequeños era de cinco años. El terrible dolor derivado de esa tragedia se multiplicó al comprobar los familiares de esos niños que en torno a los hechos se tendía un manto de protección desde el gobierno estatal priísta, a cargo de Eduardo Bours, y desde Los Pinos, donde residían Felipe Calderón y Margarita Zavala.

Los concesionarios de la guardería, operada conforme a reglas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pertenecían a la élite socioeconómica sonorense y, en esa condición, fueron apoyados por sus amigos o parientes en las administraciones gubernamentales mencionadas. En particular, destacó la salvaguarda no oficial extendida a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo.

Ayer, el presidente López Obrador tuvo una reunión a puerta cerrada con uno de los grupos de familiares de los niños muertos o heridos. El director del IMSS, Zoé Robledo, detalló que habrá atención y apoyo especiales. Y se anunció que se ampliará la denuncia presentada por el antecesor de Robledo, Germán Martínez (quien fue operador y gran defensor de Felipe Calderón), para que alcance a otros particulares. En especial, se espera que las nuevas averiguaciones lleguen hasta el ex gobernador Bours y los concesionarios hasta ahora impunes, con la prima Gómez del Campo entre ellos.

Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 33 denuncias de hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con la corrupción gubernamental. Entre ellos, lo relativo a la casa blanca, adquirida por Angélica Rivera Hurtado, entonces esposa de Enrique Peña Nieto, en un contexto ampliamente indicativo de aprovechamientos indebidos de la relación con un contratista (del grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa) con EPN.

Es plausible la voluntad de la administración encabezada por López Obrador de reabrir expedientes de tal magnitud. Sin embargo, ha de verse si la FGR decide actuar contra los presuntos responsables y cuál será el nivel político de quienes fueran así alcanzados. El director del IMSS ha dicho que el Presidente de la República pidió no politizar el caso de la guardería ABC. Es un pedimento infundado: ese tema es absolutamente político y no requiere ser politizado. El punto será si se zarandearán los apellidos Calderón y Zavala Gómez del Campo pero las eventuales sanciones quedarán en terrenos menores.

Igual sucedería con el tema de la casa blanca si todo queda a niveles por debajo de Peña Nieto y Angélica Rivera. El secretario pelele que nombró EPN para exonerarloa él y a su esposa fue Virgilio Andrade, quien podría ser utilizado como figura expiatoria. AMLO dijo que no se desgastaría tratando de hacer justicia viendo al pasado. ¿Qué se busca, entonces, reactivando expedientes de ese pasado? ¿Habrá peces gordos, charales o sólo maniobras judiciales, mediáticas y tempranamente electorales para disfrute de la tribuna?

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx