l 1º de abril de 1877, apenas triunfante la rebelión de Tuxtepec, Porfirio Díaz se dirigió al Congreso de la Unión fijando el programa político de su gobierno, en un discurso que bien puede resumirse en dos frases: imponer la paz y promover el desarrollo económico. El momento histórico del país lo permitiría: por un lado, ya existían desde hacía tiempo las fuerzas económicas que apoyarían y usufructuarían la pacificación, y por el otro, la nación estaba exhausta para seguir dirimiendo sus diferencias mediante las armas. El tono era el de una nación que había alcanzado la madurez, la conciencia de qué era lo que necesitaba. Y se fue claro desde un principio: olvidándose de promesas democráticas y de libertades públicas, se quería un gobierno fuerte puesto al servicio de la tranquilidad y el desarrollo del país.

El porfirismo fue el primer gobierno en México con una estrategia dirigida a lograr el desarrollo económico y superar el atraso. El camino elegido fue fortalecer a la cla­se dominante, cuyo sector hegemónico era el de los terratenientes; y abrir el país a la inversión extranjera. Las clases dominantes fueron el sustento de la dictadura, y poco a poco los trabajadores fueron borrados como sujetos políticos de un sistema cuyo fin, cada vez más explícito, era la política del privilegio.

El modelo de desarrollo que eligió el régimen tuvo dos vertientes: fortalecer y consolidar los grandes capitales internos, constituidos fundamentalmente por los latifundistas, y franquear la entrada a los capitales extranjeros.

“El porfirismo… produjo el primer gobierno en México con una estrategia dirigida a lograr el desarrollo económico, y desde el comienzo dicha estrategia se centró en las condiciones para atraer el capital extranjero y fortalecer por todos los medios a disposición del Estado, incluidos los de carácter represivo, a los (grandes) propietarios.

Hacer de los grandes propietarios sujetos protegidos políticamente, y del gobierno un régimen de privilegio, tales eran los propósitos abiertamente declarados del sistema político y social que el porfirismo impuso a México durante 35 años (glosa y citas de Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución mexicana, pp. 39-43).

Bajo ese signo, de 1877 a 1910 se avanzó en materia económica de modo tangible; pero desde 1900 se abrió paso la idea de que la libertad no puede ni debe sacrificarse en aras del desarrollo económico. Esta idea es reforzada por una realidad: el crecimiento económico del país no se había reflejado en un mejor nivel de vida de los pobres; al contrario, los más pobres vivían peor en 1910 que en 1877, muchos incluso en condiciones de esclavitud (véase Armando Bartra, El México bárbaro, paasim).

El ciclo presidencial de Díaz y la dictadura militar de Huerta, que intentó preservar su modelo político contra el vendaval revolucionario, coincide con la era del im­perio; que se caracterizó por la división territorial del mundo entre las grandes potencias, en colonias formales e informales y esferas de influencia. Esta división global tenía, fundamentalmente, una dimensión económica. En ese contexto, el papel de México, como el de otros países de América Latina, era la producción de materias primas para beneficio de los imperios.

¿Resultados? En la década de 1900 casi toda nuestra plata la exportaban la American Smelting and Refining, y otras similares; nuestro cobre, la Cananea Consolidated Cooper; nuestro henequén, la International Harverest; nuestro caucho, la International Rubber; nuestro petróleo, las filiales con nombre mexicano de la Royal Dutch Shell, la Standard Oil, la Sinclair Oil, cuyos operadores en México se llamaban José Yves Limantour, Olegario Molina, Enrique Creel, Francisco Bulnes, Porfirio Díaz Romero-Rubio.

Porque en el régimen de privilegio, que gobernaba para los privilegiados (no es redundancia) excluyendo al resto de la sociedad, los privilegiados eran tres personas distintas y una sola verdadera: los operadores de las grandes trasnacionales; los latifundistas y la alta burocracia. Que solían ser uno solo: Limantour poseía a su nombre y de su hermano más de 200 mil hectáreas en Chihuahua, era operador de compañías petroleras, y secretario de Hacienda. Olegario Molina, secretario de Fomento y gobernador de Yucatán, era el gerente general de la International Harvester y uno de los mayores propietarios de Yucatán. Enrique Creel, secretario de Relaciones Exteriores y gobernador de Chihuahua, tenía 600 mil hectáreas y era operador de la Asarco y la International Rubber…

Este régimen de privilegio se impuso mediante continuos y crecientes agravios a los sectores populares, porque confundía crecimiento con desarrollo. ¿Resultado? La más devastadora de nuestras revoluciones.

Pd: Sí, sí es a propósito de lo que al respecto se dijo antier, domingo 1º.

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