La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Sinaloa incumplió una sentencia de amparo que le ordenó poner en marcha acciones urgentes emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), entre las cuales figura la detención de policías municipales de Ahome acusados por la desaparición de tres integrantes de una familia.

La organización civil Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos indicó que ante el nulo avance de las investigaciones de la FGJ sobre la desaparición de David Mendoza Marín, Alfredo Elías Marín Bustos y Margarita Marín Yan Bustos –el 21 de julio de 2015 por policías municipales de Ahome–, denunció el caso ante el CED y solicitó que emitiera acciones urgentes.

Como los señalamientos del comité no fueron atendidos por la FGJ, promovió un amparo, el cual les fue concedido en marzo de este año por el juez quinto de distrito del estado de Sinaloa, quien reconoció que el CED es el instrumento que puede formular observaciones y recomendaciones en el contexto de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, firmada y ratificada por México.

En entrevista con La Jornada, Guillermo Naranjo, abogado de Idheas, destacó que el fallo del juez de distrito es histórico, pues nunca antes un integrante del Poder Judicial había reconocido plenamente el carácter obligatorio de las acciones urgentes que le ha ordenado el CED a México, cuyos sucesivos gobiernos no las han cumplido por considerarlas sólo recomendaciones.

A decir del litigante, el anuncio hecho la semana pasada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que aceptaría la competencia del CED para casos individuales ocurridos en México, no incidirá en que la FGJ de Sinaloa cumpla las acciones urgentes sobre la familia Marín Yan, pues dichos llamados de por sí tendrían que ser acatados, al haber sido hechos por la entidad que interpreta la Convención de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.