A casi dos meses para que Jaime Bonilla rinda protesta como gobernador de Baja California, continúan las protestas desde el PRD y el sector patronal en busca de frenar su gestión. Mientras el sol azteca asegura que Bonilla estuvo preso en la penitenciaria de Tijuana por defraudación al Infonavit en 1981, por lo que no debió considerarse como candidato y buscará la anulación de la elección, la Coparmex en la entidad acusó de parálisis legislativa al Congreso local para impedir que se presenten impugnaciones a la ampliación de su mandato.

En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó que haya presiones políticas para analizar la llamada ley Bonilla, que amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno que tendrá el próximo gobernador.

Ayer, en conferencia de prensa, el ex candidato perredista a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez, informó que las pruebas sobre el presunto encarcelamiento de Bonilla en 81 las entregará al Tribunal Electoral del Estado para que se invaliden los comicios.

Bonilla fue fichado con el número 13 mil 380 por falsificar documentación oficial e incluso estuvo prófugo de la justicia, situación que debió investigar y valorar el instituto electoral de Baja California y negar la candidatura, dijo Martínez Veloz.

Para nosotros es una grave contradicción, una gran paradoja e indignante que un ex presidiario tenga de rodillas a las instituciones del país, subrayó.

A 58 días de haberse aprobado la reforma a la legislación local, el Congreso del estado aún no la envía al Poder Ejecutivo para su publicación. Hasta que dicha reforma cobre vigencia, expuso por su parte la Coparmex, los ciudadanos están impedidos para ejercer los medios de impugnación.

La parálisis legislativa generada con la inacción de los responsables impide acceder al sistema de impartición de justicia; inhibe las acciones que pudieran derivarse en contra de la reforma aprobada, dijo.

El organismo recalcó que cambiar el periodo de un gobernante electo ya transcurrida la contienda –como sucedió en este caso– es una ilegalidad histórica que arriesga el diseño el sistema democrático.

En tanto, el presidente de la Sala Superior del TEPJF, Felipe Fuentes, sostuvo que en análisis de la ampliación de mandato de Bonilla la discusión está en la arena política, pero en la jurídica es otro tema.

(Con información de la Redacción)