La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a 39 empresas que emitieron facturas por operaciones inexistentes.

De acuerdo con informes publicados ayer en el Diario Oficial de la Federación las empresas que facturan operaciones falsas pertenecen a diversos sectores: prestadoras de servicios, ingeniería, construcción y consultoría, entre otros.

En el primer semestre de este año el SAT ha identificado a 8 mil 204 empresas que de 2017 a la fecha emitieron entre 8 y 9 millones de facturas de operaciones falsas por un billón 600 mil millones de pesos, lo que representa una defraudación fiscal de 354 mil millones de pesos, equivalente a 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB).

En un esfuerzo por abatir la evasión y elusión fiscal el gobierno federal está impulsando una iniciativa ante el Congreso para elevar a delito grave la emisión de facturas falsas.

Las autoridades detectaron empresas fachada cuyas características son la emisión de comprobantes fiscales –facturas apócrifas– sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Es tan grave la comisión de este ilícito que el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, ha declarado recientemente que la emisión de facturas falsas se ha convertido prácticamente en un deporte nacional.

Es importante recordar que el Senado se dispone a aprobar reformas que tipifican la defraudación fiscal y su equiparable, así como la expedición y enajenación de facturas falsas, como delitos de delincuencia organizada.

El proyecto de dictamen que se tiene contemplado avalar durante este periodo ordinario de sesiones, que inició en este septiembre, busca combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y las compañías que deducen operaciones simuladas, es decir, negocios fantasma.

Adicionalmente, se busca aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión a la persona que expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales –facturas– que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar ha denunciado que las facturas apócrifas han sido utilizadas por gobernadores, universidades, gobiernos locales y municipales, así como por el Congreso de la Ciudad de México para evadir el pago de sus impuestos.

Informó que alrededor de 70 por ciento de la demanda de comprobantes apócrifos proviene de funcionarios públicos, mientras 30 por ciento restante, en su mayoría, son grandes contribuyentes.

Margarita Ríos Farjat, jefa del SAT ha ejemplificado cómo operan: una empresa vende facturas que respaldan una operación de compra-venta ficticia. Otra empresa paga en efectivo por esa factura y deduce operaciones simuladas.

Con la factura falsa el comprador de ese documento aumenta gastos para reducir la base gravable de ISR; aumenta el IVA acreditable, reduciendo el monto por IVA transferido al fisco y finalmente gana lo que omite de ambos impuestos.

De esta manera, el fisco pierde el monto no pagado de ISR e IVA, por los comprobantes de las empresas que deducen operaciones simuladas.

El 30 por ciento de las empresas que facturan operaciones simuladas se concentra en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.