l próximo domingo el gobierno del presidente López Obrador presentará al Congreso su paquete económico 2020, el cual será, según promete el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, extraordinariamente responsable y con menores ajustes al gasto público con respecto a los practicados a lo largo del presente año en ese mismo renglón.

En 2020 el gobierno comenzará a estudiar la aplicación de una política contracíclica al gasto público y se discutirá de forma amplia, a fin de mejorar el periodo económico en tiempos de desaceleración. Vamos a tomar decisiones que no son inusuales para otras economías, pero sí nuevas en México, advirtió Herrera. El presupuesto del siguiente año contempla cambios en el Servicio de Administración Tributaria con el propósito de incrementar la recaudación de impuestos. El asunto fiscal debe atenderse, porque en México los niveles de evasión y elusión de impuestos son muy elevados. Es algo que tenemos que empezar a hablar de manera abierta (La Jornada, Braulio Carbajal y Julio Gutiérrez).

El paquete, pues, prácticamente listo, pero, en reunión con algunos gobernadores, el secretario Herrera destacó un tema que éstos esquivan un día sí y el siguiente también, porque de atenderlo pondrían en riesgo sus respectivas ambiciones e intereses políticos.

A los mandatarios el titular de Hacienda les exigió hacer un mayor esfuerzo para aumentar la recaudación tributaria en sus estados, porque hasta ahora sólo estiran la mano para recibir recursos de la federación, sin hacer el menor intento por elevar la recaudación en sus respectivas entidades, y a lo largo de los años ha sido así porque los gobernadores no quieren manchar su imagen (aunque la mayoría de ellos la tiene más sucia que un chiquero) política.

Y el secretario Herrera tiene toda la razón: los mandatarios estatales piden todo, pero no aportan nada, y en este tenor un ejercicio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados da puntual cuenta de qué se trata: en el periodo 1993-2010 la dependencia financiera de los estados respecto del centro promedió 76.34 por ciento, es decir, que poco más de 76 centavos de cada peso presupuestal de las entidades de la República provino de la federación.

En 1993 dicho indicador fue de 55.45 por ciento, es decir, de los ingresos totales de las entidades federativas un poco menos de la mitad provenía de ingresos propios y endeudamiento, y el resto del centro. A partir de 1997 la dependencia financiera se incrementó por la creación del sistema de aportaciones. En 2001 los gobiernos locales registraron la tasa de dependencia más alta del periodo de referencia, al representar 84.8 por ciento, aunque en 2017 se dieron casos de que tal proporción superó el 90 por ciento.

Eso sí, año tras año los siempre cómodos gobernadores esquivan el tema fiscal y se limitan a estirar la mano y pedir a la federación más recursos. Algunos supondrían que estas prácticas se limitan a los mandatarios de las entidades más depauperadas, pero en los hechos se dan como en aquel viejo anuncio de los sombreros Tardán: de Sonora a Yucatán (de sus ingresos totales sólo 4 y 5 por ciento, respectivamente, se captan en la propia entidad; el resto proviene de la federación).

La Ciudad de México sería la más independiente del centro, pero de cualquier suerte de cada peso presupuestal 53 centavos provienen del erario federal.

Solo por citar algunos casos de creciente dependencia: Nuevo León, Jalisco, Puebla, estado de México y Querétaro de cada peso de ingresos totales solo 8, 4, 5, 6 y 9 centavos, en cada caso, corresponden a captación fiscal local. El resto lo pone la federación, de tal suerte que de mantenerse la tendencia no pasará mucho tiempo para que 100 por ciento les llegue del centro.

Las rebanadas del pastel

La batalla es feroz: la Fiscalía General de la República mete a los malosos a la cárcel, y en menos que canta un gallo el Poder Judicial los regresa a la calle.

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com