La reparación del daño para las víctimas de algún delito constantemente es acotado a lo económico, pero en muchas ocasiones va más allá. En algunos de los casos de mujeres que sufren violencia buscan no sólo que el agresor esté en la cárcel, sino que las autoridades, la familia y la comunidad les crean a ellas, coincidieron activistas.

En el segundo y último día del foro Feminismos ante el derecho penal, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género –de la Universidad Nacional Autónoma de México– y organizaciones sociales, lo ponentes se pronunciaron por que la justicia que se brinda en estos casos involucre no sólo a la víctima, sino también a su familia, al agresor y a la comunidad.

Flora Gutiérrez Gutiérrez, de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, señaló que el Código de Procedimientos Penales refiere que el objeto es castigar y entre otras cosas reparar el daño, pero en muchas ocasiones esto no se cumple.

La reparación del daño siempre va a estar sujeta a un tema de pruebas, es decir, que la víctima logre probar que en efecto el imputado le generó una afectación en ese sentido.

Precisó que en el sistema de justicia comunitario o indígena los procesos son distintos. Ahí muchas de las veces comparece no sólo la persona afectada, sino que acuden la familia y la comunidad para tratar de resarcir los daños no necesariamente en lo económico, ya que se puede dar un pago en especie o de otras formas.

Violeta Maltos, del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho, precisó que dicho sistema no sólo se enfoca al castigo, sino que busca que el agresor haga conciencia del daño causado.