Caracas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció ayer la apertura de una nueva investigación penal contra el líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado en enero pasado, y dos de sus colaboradores por supuestas negociaciones para que las autoridades desistan del histórico reclamo por el Esequibo, un territorio en disputa con Guyana.

Saab explicó en conferencia de prensa que los acusados participaron en supuestas negociaciones ilegales a espaldas del gobierno bolivariano para que se desista del reclamo a cambio del apoyo político del Reino Unido al equipo opositor de Guaidó, quien es jefe de la Asamblea Nacional.

También serán procesados por el caso Vanessa Neumann, representante del dirigente opositor en el Reino Unido, y el asesor Manuel Avendaño. Estos hechos implicarían el delito de traición a la patria, un cargo que puede acarrear de 20 a 30 años de cárcel, según el Código Penal, precisó el fiscal.

La acusación se basa en un audio en el que una persona identificada por el chavismo como una colaboradora del gobierno de Estados Unidos con nacionalidad venezolano-estadunidense pide a un asesor externo de Guaidó cambiar la posición de Venezuela para entregar el Esequibo a trasnacionales. Las dos personas involucradas en esa llamada son Neumann y Avendaño, dijo Saab.

El Esequibo, de 159 mil 542 kilómetros, posee importantes recursos naturales –petroleros, gasísticos, mineros, hidráulicos y forestales- y un gran potencial turístico.

El presidente Nicolás Maduro, quien solicitó esta investigación el pasado jueves, afirmó después de un acto: Llegaron a nuestras manos una serie de pruebas de cómo el traidor a la patria Juan Guaidó está negociando el Esequibo a cambio de apoyo político a su fantasmagórico y pretendido gobierno.

Además de esta indagatoria, la fiscalía ya investiga a Guaidó por presunto financiamiento ilícito, por sabotaje del sistema eléctrico en un apagón masivo, por violar su prohibición de salida del país y por usurpar el cargo presidencial.

Por este último cargo, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que en la práctica suplantó a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, lo despojó en abril de su inmunidad parlamentaria y autorizó enjuiciarlo. Pero Guaidó no ha sido detenido y Estados Unidos, su principal apoyo internacional, advierte que su arresto sería el último error de la dictadura.

El líder opositor desestimó la nueva causa, la que consideró una parodia del fiscal en un acto público en Puerto La Cruz, este del país, en el contexto de sus recorridos por el país en su empeño por desalojar a Maduro de la presidencia.