Lerma, Méx., El conflicto por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan se reactivó no obstante que en abril pasado el Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla y la mayoría de los pobladores de esa comunidad de la zona alta de Lerma dieron su aval para que el tramo carretero se concluyera. Ayer, vecinos que se resisten al proyecto se enfrentaron con la policía estatal, luego de que impidieron a la empresa constructora realizar obras en la región durante varios días.

Según habitantes de Xochicuautla, la empresa Autovan, concesionaria de la edificación y operación de la carretera, solicitó a la policía del estado que resguardara a sus trabajadores y maquinaria, ya que en semanas anteriores las obras fueron interrumpidas.

Este lunes arribaron a Xochicuautla unos 300 policías antimotines para defender a los empleados y máquinas de Autovan. Otros uniformados patrullaron la comunidad junto con un par de vehículos de la Guardia Nacional.

Cuando pobladores se dirigían a la zona donde se realizan las obras, los agentes los interceptaron. Primero les impidieron el paso, se hicieron de palabras y hubo algunos golpes. Los inconformes aseguraron que los policías los despojaron de teléfonos celulares.

El proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan fue impulsado durante el gobierno estatal de Arturo Montiel (1999-2005). En 2008, ya como gobernador Enrique Peña, la construcción y operación de la autopista se licitó y el proyecto fue concesionado a la empresa Autovan, constructora filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, uno de los contratistas predilectos de la administración estatal peñista.

La mayoría de los pobladores de Xochicuautla se opusieron a la obra, y en 2015, siendo presidente de la República, Peña emitió un decreto expropiatorio para hacer uso de las tierras y terminar la carretera.

La expropiación generó encono; pobladores se enfrentaron con autoridades y policías intervinieron en la región hasta que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas actuó, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por violaciones a las garantías de habitantes indígenas otomíes y nahuas.

Posteriormente se instalaron mesas de diálogo. Durante meses, autoridades, Autovan, vecinos y el Consejo Supremo Indígena negociaron hasta que en abril pasado se llegó a un acuerdo para que se permitiera terminar la autopista a cambio de obras complementarias para comunidades afectadas por el proyecto.

Un grupo de pobladores de Xochicuautla no estuvo de acuerdo, desconoció el convenio y mantiene su resistencia contra la vialidad.

Desde hace semanas, los inconformes impidieron que se concluyera el tramo 3.5 kilómetros de la vía que pasará por Xochicuautla. La obra tiene más de 95 por ciento de avance, de Naucalpan a Toluca, y restan algunos tramos donde continúa la oposición de algunas comunidades, como Xochicuautla y Huitzizilapan, en Lerma, y Santa Cruz Ayotuzco, en Huixquilucan.

Para autoridades estatales y federales, esta vía es prioritaria, pues conectará el poniente del Valle de México con el aeropuerto internacional de Toluca, parte del sistema metropolitano con el que se pretende acabar con la saturación en la terminal aérea de la capital del país.