La Secretaría de Educación Pública (SEP) recibirá 85 por ciento de la recaudación sobre minería, sólo 5 por ciento se destinará al fortalecimiento de esta industria y el 10 por ciento restante se aplicará en programas de infraestructura si el Congreso de la Unión aprueba los cambios que solicita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Ley Federal de Derechos.

Como parte del paquete económico 2020, Hacienda propuso al Congreso de la Unión modificar el artículo 271 de la citada ley, referido al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, que establece que los recursos del mismo deben ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano.

En esta década los recursos recaudados del fondo minero son de casi 4 mil millones de pesos al año, pero en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se han podido ejercer por las controversias constitucionales que al menos 20 gobiernos municipales de Sonora, San Luis Potosí y Chihuahua interpusieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la decisión presidencial de que el gobierno federal los ejerza directamente.

Aumentó el fondo minero

Entre 2010 y 2017, los recursos del fondo minero se incrementaron 2.5 veces, al pasar de mil 956 millones de pesos a 6 mil 613 millones y más de la mitad corresponden al derecho especial que grava las utilidades de las empresas del sector, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Hasta el sexenio pasado un comité con representación de los gobiernos federal, estatal y municipal, en conjunto con las compañías mineras, decidían qué obras se hacían con el fondo minero, pero el mandatario anunció desde principios de año que lo utilizaría para entregar las tandas del bienestar directamente a los habitantes de las comunidades mineras y ya no para obras.

El proceso judicial sigue, ya que en julio pasado los ministros de la primera sala declararon infundados los recursos que el Ejecutivo interpuso en contra de los municipios involucrados.

Ahora, en el paquete económico se cristaliza el nuevo anuncio que el fin de semana hizo el Presidente sobre el uso de los recursos del fondo para las escuelas: La presente administración busca encauzar el destino de dichos recursos en acciones para mejorar las condiciones de los centros educativos y de los servicios de salud, expuso Hacienda en la iniciativa para modificar el destino de lo obtenido por el cobro de derechos especial, adicional y extraordinario a empresas mineras.

En concreto, la dependencia plantea agregar una frase más al artículo 271 en la que dice que los ingresos por la recaudación de derechos mineros podrán ser empleados en acciones para mejorar las condiciones de los centros educativos y de los servicios de salud.

Mantiene el enunciado vigente de que podrán también ir a inversión física y los cinco numerales donde se enlistan las obras que podrán realizarse, que incluyen construcción y equipamiento en espacios públicos, obras de pavimentación, alumbrado público, infraestructura ambiental como plantas de tratamiento de agua, rellenos sanitarios o manejo de residuos sólidos, así como obras para preservar áreas naturales y de movilidad urbana.

No obstante, precisa que sólo 5 por ciento del cobro de derechos serán para la Secretaría de Economía destinado a acciones de fortalecimiento del sector minero, mejorar los sistemas de registro y control de la actividad.